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Autor: erpenter

Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad

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El 30 de agosto del 2016 fue publicada, en el Diario Oficial La Gaceta, la ley #9379 denominada “Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”. Dicha ley fue puesta en vigencia para sustituir la insania, y tiene como objetivo promover y asegurar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno del derecho a su autonomía personal. A raíz de esto, se crea la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, y la figura de la asistencia personal humana para potenciar esa autonomía.

Dicha ley indica que es el Estado el que procurará que la persona con discapacidad tenga acceso a la figura del garante y la asistencia personal humana, siempre y cuando esa persona, por su condición de discapacidad, requiera apoyo para el ejercicio pleno de su autonomía personal. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su capacidad de actuar; además, la titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos.

El proceso que se debe interponer para poder tener acceso a este tipo de figura jurídica se llama salvaguardia, y deberá ser presentado ante el Juzgado de Familia que corresponda. Podrán accionar ante el Juzgado de Familia, para solicitar la salvaguardia, la misma persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Excepcionalmente, cuando por la propia condición de discapacidad se complique la gestión, podrán solicitar la salvaguardia los familiares de la persona con discapacidad, y a falta de familiares, cualquier institución u organización no gubernamental que le brinde servicios o apoyos a la persona con discapacidad.

Sobre el garante.

La persona que sea designada como garante de la persona con discapacidad, tiene una serie de obligaciones que debe cumplir, para que dicha figura sea útil. El garante no debe actuar sin considerar los derechos, la voluntad y la capacidad de la persona con discapacidad, ya que no se trata de que el garante tome decisiones propias, sino que asista a la persona con discapacidad y la ayude a tomar la mejor decisión. Deberá también el garante asistir a la persona con discapacidad en la toma decisiones en el ámbito legal, financiero y patrimonial; siempre tomando en cuenta la posición de la persona que se asiste.

La asistencia personal humana.

            Esta figura tiene como finalidad el poder contribuir con el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. El asistente personal humano trabajará y contribuirá basado en un plan individual de apoyo. Este plan determina el tipo de soporte que requiere la persona con discapacidad a la hora de realizar las actividades básicas de su vida diaria.

Para la determinación del tipo de apoyo, su intensidad y cantidad de horas brindadas, dicho plan será elaborado por la persona con discapacidad o en conjunto con otra persona y deberá ser avalado por el personal técnico y profesional del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

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Aspectos básicos del nuevo código procesal civil

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Este 8 de octubre del 2018, entra en vigor el Nuevo Código Procesal Civil (NCPC), ley número 9342, la cual deroga casi en su totalidad el actual (CPC) y modifica importantes institutos procesales que se adaptan a la dinámica de un sistema procesal oral.

Esta característica de la oralidad e inmediatez implica uno de los pilares de la reforma en el proceso civil, fomentando así el cumplimiento de principios como el de inmediación, concentración y publicidad. Lo anterior no exime que existirán etapas que se llevarán a cabo en forma escrita o digital sin embargo, solo serán objeto de documentación las reconocidas por el mismo Código y los que dada su naturaleza deben constar de dicha forma.

Principales cambios y novedades: El Nuevo Código Procesal Civil se encuentra dividido en dos libros. El Libro Primero regula todo lo relacionado a disposiciones generales aplicables a todos los procesos; por ejemplo, los principios, las normas y sujetos procesales, la competencia, las partes, los actos procesales, los actos de parte, los actos del tribunal, los plazos, la actividad procesal defectuosa y forma de subsanación, la suspensión del procedimiento, la prueba, las audiencias orales, las formas extraordinarias de conclusión del proceso, las resoluciones judiciales, los medios de impugnación, la repercusión económica de la actividad procesal, la tutela cautelar y normas procesales internacionales; y en el Libro Segundo se establecen y regulan en sí todos los tipos de procesos (Ordinario, Sumario, Monitorios, Ejecución, Tercerías, Sucesorios, Actividad Procesal no Contenciosa).

 

Medios de impugnación: En el Capítulo IV del Nuevo Código Procesal Civil, se regulan los medios para recurrir las resoluciones judiciales, estableciendo una lista taxativa de casos; creándose un sistema de impugnación limitada para evitar de esta manera el alargue innecesario de los procesos judiciales; es decir, se limitan las actuaciones que se encuentran sujetas a un Recurso de Revocatoria, de Apelación, de Casación o de Revisión.

El Recurso de Casación será “contra sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables y en los supuestos que la ley señale expresamente”. (Artículo 69.1 NCPC)

Adicional, se regulan los procesos de Conocimiento (Ordinario, Sumario y Monitorio) los Incidentales, el proceso Sucesorio, el de Ejecución, Tercerías y Procesos No Contenciosos, se elimina por completo el procedimiento Abreviado.

Tanto la Ley de Cobro Judicial como la Ley Monitoria Arrendaticia quedan derogadas con este Nuevo Código Procesal Civil, como se detallará más adelante.

PROCESO ORDINARIO: El proceso Ordinario se encuentra regulado a partir del artículo 101 del NCPC, manteniendo la misma línea del actual CPC, donde todas aquellas pretensiones que no tengan un procedimiento expresamente señalado por la ley, se deberá tramitar por medio del proceso Ordinario.

El plazo de contestación de la demanda y reconvención mantienen los mismos 30 días que el antiguo CPC.

Una vez transcurrido el plazo de los 30 días, el Juez, bajo su criterio o en virtud de la naturaleza del proceso o porque no existe prueba que evacuar, podrá prescindir de la convocatoria de una audiencia, o bien tramitar el proceso en una sola audiencia.

De ser necesario, el Juez deberá de convocar a audiencia preliminar en donde se deberá de cumplir con una serie de etapas, entre las que se encuentran: Informe a las partes sobre el objeto del proceso, conciliación, contestación del actor o reconventor de las excepciones opuestas, fijación del objeto del debate, admisión y práctica de pruebas, entre otras.

Una vez terminada la audiencia preliminar, de ser posible por la naturaleza del proceso y circunstancias del proceso, se prescindirá de convocar a una audiencia complementaria y se dará oportunidad a las partes de formular conclusiones, y finalmente se dictará una sentencia.

En caso de ser necesario, una vez terminada la audiencia preliminar, el Juez podrá convocar una audiencia complementaria en el plazo de 20 días siguientes a la audiencia preliminar, salvo que se establezca, de manera justificada, un plazo mayor.

PROCESO SUMARIO: A diferencia del proceso Ordinario, y siguiendo bajo la misma línea del anterior CPC, el NCPC establece una lista taxativa de aquellos procesos que deberán de tramitarse bajo las disposiciones del proceso Sumario reguladas en el artículo 103.1 del NCPC, entre estos los procesos Interdictales, el derribo, el desahucio, las derivadas de un contrato de arrendamiento (con excepción de falta de pago de la renta y servicios públicos), entre otros.

 

Para la contestación de la demanda el plazo de cinco días se mantiene, al igual que el plazo para oponer excepciones previas, las cuales y para todos los procesos que regula el NCPC, deberán de alegarse al momento de la contestación de la demanda (Art. 37.2 NCPC).

Respecto a la audiencia del proceso Sumario, el Juez, a su criterio y dependiendo de la naturaleza del proceso y las circunstancias de este, podrá señalar una única audiencia con el fin de recibir y evacuar las pruebas respectivas. Asimismo, al igual que en el proceso Ordinario, el Juez deberá de cumplir con las etapas de la audiencia descritas en el artículo 103.3 del NCPC.

Las anteriores características son algunas de las disposiciones generales que regulan el proceso Sumario; sin embargo, existen procedimientos específicos cuando las pretensiones sean relacionadas por ejemplo a un desahucio, interdictos, suspensión de obra nueva, derribo, jactancia, y otros.

PROCESO MONITORIO: Con la entrada en vigencia del NCPC la actual Ley de Cobro Judicial y la Ley Monitorio Arrendaticio quedan derogadas, en razón de incorporarse sus regulaciones al NCPC, por lo que se procederá con el proceso Monitorio para el cobro de deudas dinerarias (con fuerza ejecutiva o sin ella),  como por ejemplo el proceso Monitorio Arrendaticio originado de una relación de arrendamiento por la falta de pago de la renta, vencimiento, falta de pago de servicios públicos y falta de pago en cuotas condominales, siempre y cuando la obligación de pago de este último concepto le corresponda al inquilino según lo acordado en el contrato de arrendamiento.

 

Como principal diferencia con el anterior CPC, podemos notar que el plazo concebido en la resolución intimatoria que ordena a la parte accionada a acogerse u oponerse a la pretensión solicitada por la parte actora, es ahora de 5 días, y no de 15 días como se estable en la Ley de Cobro Judicial y la Ley Monitorio Arrendaticio, acortando considerablemente los plazos del proceso.

PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y PRENDARIA: Las ejecuciones hipotecarias y prendarias se encuentran reguladas en el NCPC a partir del artículo 166. Mantiene prácticamente la base del proceso de ejecución hipotecaria y prendaria que conocemos con la Ley de Cobro Judicial. Las oposiciones, al igual que el proceso Monitorio para el cobro de deudas dinerarias y el proceso Monitorio por desahucio por los motivos ya indicados, mantienen la estructura de oposición limitada, las cuales son taxativos, por ejemplo, para la Ejecución Hipotecaria y Prendaria, solo se admitirá la falta de exigibilidad, el pago comprobado y la prescripción, oposiciones que deberán de interponer el accionado por la vía incidental, en un plazo máximo de 5 días después de notificado.

 

Con lo que respecta al remate de bienes en este tipo de procesos, se mantiene la línea de la anterior Ley de Cobro Judicial, sólo que con algunos cambios; por ejemplo, el artículo 159 del NCPC indica que el remate se podrá verificar cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde el día siguiente a la primera publicación del edicto y la notificación de todos los interesados, a diferencia de la actual Ley de Cobro Judicial que establecía un plazo de 8 días hábiles.

En conclusión, podermos afirmar que el objetivo primordial de esta reforma es alcanzar una justicia más célere, oportuna y transparente.

Las audiencias de conciliación temprana en pensiones alimentarias

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Cuando hablamos de pensiones alimentarias, muchas personas piensan que es un monto impuesto por un tercero (Juez) y simplemente debe pagarse, sin objeción alguna. Hace unos años atrás, los Juzgados correspondientes recibían la solicitud y los Jueces fijaban una cuota de pensión provisional, tomando en cuenta únicamente lo que manifestaba y presentaba la persona que interponía la demanda. La persona demandada, en ese momento, solo tenía la opción de presentar un recurso de apelación; sin embargo, mientras se tramitaba esa apelación, estaba obligado a depositar el monto que se le había fijado.

La Ley de Pensiones Alimentarias menciona que la conciliación puede llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso; sin embargo, no establece expresamente una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso, como lo está llevando a cabo el Poder Judicial en este momento. Al consultar el tema con varios Jueces, nos indicaron que esta audiencia es una medida institucional, que se estableció hace ya tres años para no fijar un monto de pensión provisional que fuese desproporcionado.

¿En qué consiste la audiencia de conciliación temprana?

La audiencia de conciliación temprana se da justo después de presentada la demanda de pensión alimentaria, se le comunica vía telefónica a la persona demandada que existe un proceso de pensión alimentaria y se le invita a participar en la audiencia de conciliación temprana. Si la persona dice que no, se le da curso a la demanda, fijándose un monto provisional de pensión, tal como se hacía antes de implementarse estas audiencias.

Si la persona demandada accede a participar, se le cita a una audiencia, normalmente dentro de los diez (10) días siguientes a la llamada. En dicha audiencia no se discutirá sobre el fondo del asunto, tal y como ocurre con cualquier otra audiencia de conciliación. Este es un espacio idóneo para que la persona que solicita pensión exponga sus gastos y necesidades; además, la persona obligada al pago podrá también exponer sus obligaciones y posibilidades económicas para intentar llegar a un acuerdo de un monto que sea justo, tanto para quien recibe el dinero, como para quien está obligado a pagarlo.

Es importantísimo indicar que la llamada telefónica que realiza el Juzgado en ningún momento sustituye la notificación; por lo tanto, si no se accede a la audiencia, deberá la persona demandada esperar a que se le notifique personalmente, o en su casa de habitación.

¿Hay desventajas con la audiencia de conciliación temprana?

En principio, la audiencia de conciliación temprana no presenta ninguna desventaja, más bien resulta favorable para la parte demandada, ya que es una posibilidad que tiene para lograr un monto de pensión alimentaria que se encuentre acorde a sus ingresos y obligaciones. Sin embargo, en la práctica, si hay varios aspectos que ponen al demandado alimentario en una situación de desventaja con respecto a aquella persona que está requiriendo los alimentos.

Cuando el demandado alimentario recibe la llamada telefónica por parte del Juzgado, le dicen que no es obligatorio llevar un abogado, ya que es simplemente una audiencia de conciliación, y cuando éste llega a la audiencia, se topa con que la otra parte si tiene un abogado representándolo, lo que provoca que la parte que acude sin representación, muchas veces termina aceptando un acuerdo que no es razonable, o que no está dentro de sus posibilidades económicas.

La mejor opción siempre, para ambas partes, es contratar un abogado para acudir a cualquier audiencia, porque es común ver como las personas que llegan sin representación legal, terminan aceptando acuerdos imposibles de cumplir.

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Suspensión Temporal de Labores y de los Contratos de Trabajo por parte del Patrono.

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En Costa Rica existe la posibilidad de que, ante ciertas circunstancias, se puedan suspender temporalmente las labores y como consecuencia de esto, el contrato de trabajo ya sea por situaciones propias del trabajador, o bien, por parte del patrono.

Hay situaciones en las empresas que impiden la producción o prestación de los servicios, y es por lo que la legislación costarricense contempla la suspensión temporal del contrato de trabajo en casos especiales claramente señalados, los cuales conllevan a detener, por un lapso, la prestación del servicio de uno o varios colaboradores;  y, por ende, el patrono cesa la remuneración, sin que esto implique la terminación ni extinción de los derechos y obligaciones que emanen de los contratos (reiteramos: implica solamente que el trabajador no está obligado a trabajar ni a permanecer en el lugar de trabajo, y el patrono no está obligado a pagar el salario).

Causales para la suspensión del contrato de trabajo

En este sentido, las causales para la suspensión del contrato por parte del patrono son:

  1. i) La falta de materias primas, siempre que ello no sea culpa del patrono;
  2. ii) Cuando se presenta una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte gravemente la actividad de la empresa; y,

iii) cuando el patrono fallece o se encuentra incapacitado, demostrando que este hecho no permite la ejecución normal de la actividad.

De presentarse alguna de las anteriores causas, se puede iniciar con el procedimiento para recibir la aprobación de suspender los contratos ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, para lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Trabajo, se fijan tres días, desde que surgió la causal de suspensión; sin embargo, el Manual de Procedimientos Legales de la Inspección de Trabajo establece que dicho plazo no deberá entenderse como una caducidad, dado que se puede iniciar con el proceso, mientras prevalezca la situación generadora de la suspensión.

Procedimiento para la suspensión del contrato de trabajo

El procedimiento para la suspensión del contrato de trabajo comienza con la revisión de documentos, y sigue con una visita al centro de trabajo. En esa gestión, se podrá entrevistar a los trabajadores y/o representantes patronales, por lo cual es de suma importancia contar con la debida documentación y actualización de información en los expedientes de los trabajadores.

Lo resuelto por la Dirección Nacional de Inspección no tiene ulterior recurso; en caso de acogerse la solicitud, se declarará la suspensión temporal de los contratos de trabajo. En caso de que se rechace, los trabajadores pueden optar por romper ellos mismos, y por la misma causa, los contratos de trabajo con responsabilidad patronal.

En los casos que se autoriza la suspensión, el patrono debe informar cuándo se pueda reanudar el contrato, siendo que el Ministerio de Trabajo tendrá la responsabilidad de contactar a los colaboradores para avisar el reinicio de sus funciones. Si el colaborador no se presenta en un período de 15 días posteriores a la comunicación, la relación laboral puede finalizarse sin responsabilidad patronal.

En términos generales, el efecto más significativo de la suspensión del contrato de trabajo es la posibilidad del patrono de eximirse de pagar los salarios a los trabajadores, durante el plazo de suspensión; sin embargo, deberá ser cuidadoso con respecto a otras obligaciones, como las planillas del Instituto Nacional de Seguros y del Seguro Social, pues es justamente este tipo de obligaciones las que sí debe mantener al día para no perjudicar al trabajador, y asimismo, no exponerse a sanciones o reclamos ante instituciones administrativas o judiciales.

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La afectación del patrimonio familiar en Costa Rica

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El artículo 51 de la Constitución Política menciona que “la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado”. Adicionalmente, el artículo 65, también de la Constitución Política , establece que “el Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”. Esto quiere decir que el Estado es el principal obligado de proteger a la familia, así como su patrimonio. En este caso, la afectación al patrimonio familiar se refiere al bien inmueble que se utiliza como residencia de la familia, que puede ser urbano o rural.

El patrimonio familiar lo puede constituir únicamente quien sea el propietario registral del inmueble, y la afectación deberá hacerse en escritura pública, inscribiéndose la misma en el Registro de la Propiedad. Las únicas personas que pueden ser beneficiarias de esta afectación son el cónyuge, los hijos menores, ascendientes y conviviente de hecho. No es necesario que estas personas convivan con el propietario del inmueble; sin embargo, si es necesario que la persona beneficiaria habite el inmueble y que tenga una situación de dependencia, en relación con el dueño registral del bien.

Sustento jurídico de la afectación familiar de un inmueble

El sustento jurídico de la afectación familiar lo podemos encontrar en el artículo 46 del Código de Familia, que menciona que el inmueble de la afectación familiar no podrá ser mayor a mil metros cuadrados (1000 m2) metros en zonas urbanas, y a diez mil metros cuadrados (10.000 m2) metros en zonas rurales. El inmueble, una vez afectado, no podrá ser enajenado ni gravado (vendido, donado, hipotecado, etc.), sin el consentimiento de ambos cónyuges o convivientes, y previa demostración en un proceso de diligencias de utilidad y necesidad.

El bien afectado por patrimonio familiar no podrá ser perseguido por acreedores personales de la persona propietaria del inmueble, salvo que las deudas hayan sido contraídas por ambos cónyuges, o por el propietario con anterioridad a la inscripción de la afectación a patrimonio familiar.

Esta afectación no es perpetua, ya que puede extinguirse o darse por terminada en cualquier momento, según el artículo 47 del Código de Familia, por las siguientes razones:

  1. Mutuo acuerdo de los cónyuges o convivientes en unión de hecho.
  2. Por muerte o mayoridad de los beneficiarios.
  3. Por separación judicialmente declarada o por divorcio. En este caso, se puede disponer la continuación de la afectación, siempre y cuando haya beneficiarios con derecho.
  4. Por disposición judicial, a solicitud del propietario, una vez interpuesto el proceso y comprobada la utilidad y necesidad de la afectación,
  5. Cuando, de hecho, el bien deje de servir para habitación familiar o pequeña explotación, previa comprobación por parte del Juzgado.

Esta afectación tiene como objetivo primordial la protección al patrimonio de la familia, que la familia tenga siempre un lugar donde vivir, sin tener que preocuparse por enajenaciones por parte de un propietario irresponsable, o cualquier tipo de gravamen por deuda.

ERP Lawyers & Associates: Expertos en Derecho de Familia.

Si necesita asistencia y asesoría legal en el tema de afectación al patrimonio familiar o cualquier otro tema de Derecho de Familia, en ERP Lawyers & Associates nos ponemos a su disposición para asistirlo, ya que contamos con profesionales especializados en Derecho de Familia, con amplia experiencia en la rama. Puede concretar una cita a través de nuestro sitio web o por teléfono.

El pago del impuesto a las personas jurídicas para el período

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El pasado 31 de enero venció el plazo para el pago del impuesto a las personas jurídicas, mismo que se actualiza cada año según el salario base que se establece por decreto anualmente, el cual para este 2018 es de cuatrocientos treinta y un mil colones (₡431,000.00).

Es importante recordar que las sociedades que se encuentran inactivas, deberán cancelar un total de quince por ciento (15%) del salario base, las compañías activas que generen un ingreso no superior a ciento veinte (120) salarios base, deberán pagar un tributo del veinticinco por ciento (25%) del salario base; aquellas empresas que tengan un ingreso entre ciento veinte (120) y doscientos ochenta (280) salarios base, deberán cancelar el treinta por ciento (30%) del salario base; y por último, las sociedades que tengan un ingreso bruto mayor a doscientos ochenta (280) salarios base, deberán pagar un impuesto del cincuenta por ciento (50%) del salario base.

Dichos porcentajes de pago fueron establecidos por ley, por lo que los mismos aplican para todos los años, lo único que va a cambiar es el monto correspondiente, dependiendo del salario base que se establezca cada año.

Consecuencias del no pago del impuesto a sociedades

Las consecuencias del no pago de este tributo son bastante graves para las empresas, ya que, primeramente, genera intereses moratorios, lo cuales son fijados por la Administración Tributaria, pero nunca podrán ser mayores a un veinte (20%) del monto adeudado; y al estar morosas las sociedades, el Registro Nacional no emite certificaciones de ningún tipo, y tampoco se pueden realizar inscripciones de documentos a favor de la sociedad morosa. Además, el no pago de los impuestos se constituye en una hipoteca o prenda legal contra los bienes de la misma compañía. Además, no podrán participar en procesos de contratación administrativa.

También se debe recordar que aquellas sociedades que tengan más de tres periodos como de morosidad, se arriesgan a una disolución de oficio. Las únicas sociedades que se encuentran exentas del pago de este impuesto son aquellas que se encuentran inscritas como pequeñas y medianas empresas (PYMES).

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Suspensión del trabajador sin goce de salario como medida sustitutiva al despido sin responsabilidad patronal

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La suspensión disciplinaria sin goce de salario está contenida en el artículo 68 inciso e) del Código de Trabajo, en el cual establece lo siguiente: “Artículo 68.- El reglamento de trabajo podrá comprender el cuerpo de reglas de orden técnico y administrativo necesario para la buena marcha de la empresa; las relativas a higiene y seguridad de las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y en general, todas aquellas otras que se estimen convenientes. Además, contendrá: (…) e) Las disposiciones disciplinarias y las formas de aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa y que la suspensión del trabajo sin goce de sueldo, no podrá decretarse por más de ocho días sin antes de haber oído al interesado y a los compañeros que éste indique; (…)”

Del análisis del anterior artículo, junto con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del mismo cuerpo normativo, los cuales regulan lo referente a los Reglamentos Internos de Trabajo, se desprende que, en Costa Rica, si bien es cierto se reconoce el poder disciplinario que tiene el patrono, el mismo es limitado en esta materia, al restringir su accionar a la existencia de un reglamento interno, el cual debe estar previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.); sin embargo, la jurisprudencia costarricense ha establecido que la suspensión disciplinaria sin goce de salario es una medida sustitutiva al despido sin responsabilidad patronal, lo que implica que, la falta sancionada debe ser de igual gravedad a una falta cometida para un despido sin responsabilidad patronal – la legislación define un máximo de 8 días -, en la cual, aunque el contrato laboral se encuentre suspendido por la sanción, el trabajador acumula antigüedad laboral, pues al usar esa vía, se busca mantener la existencia del vínculo laboral, a pesar del acaecimiento de la condición suspensiva del contrato.

La suspensión laboral como medida disciplinaria

Es importante recalcar que la suspensión laboral como medida disciplinaria no debe ser utilizada a la ligera, debido a que solo se puede recurrir a tal medida para sancionar una falta que amerite el despido sin responsabilidad patronal, y siempre y cuando se realice el procedimiento correspondiente, según lo hemos señalado.

Asimismo, se debe considerar que la sanción como medida disciplinaria es un “borrón y cuenta nueva”; es decir, imponer la suspensión sin goce de salario, como una medida temporal, borra todo el historial disciplinario que ese trabajador haya acumulado durante la relación laboral.

Además, a menos que la empresa cuente con un reglamento interno de trabajo, el patrono no podrá asignar la suspensión a faltas específicas, distintas a las cuales fija el artículo 81 del Código de Trabajo, que detalla las faltas graves que justifican el despido sin responsabilidad patronal.

En el caso de la sanción por suspensión sin goce de salario como medida alterna al despido sin responsabilidad patronal, debe quedar reservada para los casos más graves, y no debe verse como una sanción intermedia entre la amonestación y el despido; lo anterior, debido a las implicaciones de utilizar esa sanción para el patrono y sus colaboradores, dado el impacto pecuniario negativo que tiene sobre el trabajador, por lo que debe estar fundamentada y ser ejecutada en forma escrita, en resguardo del derecho a la defensa de ambos – patrono y trabajador – ante un eventual proceso o reclamo.

Nuevas prohibiciones de discriminación en el empleo

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La Reforma Procesal Laboral que entró en vigor recientemente, introdujo importantes cambios al Código de Trabajo, entre estos, la prohibición de discriminar a los trabajadores en cualquiera de las etapas de la relación (precontractual, contractual o post contractual).
Anteriormente se encontraban contempladas cuatro causales de discriminación: por razones de edad, etnia, género o religión; causas que habían sido ampliadas mediante diferentes directrices del Ministerio de Trabajo; sin embargo, la Reforma Procesal Laboral, además de estas prohibiciones, incluyó la prohibición de discriminar en virtud de la raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical y situación económica del trabajador, o por condiciones análogas que puedan ser consideras como motivos de discriminación; esto significa que, cualquier otra causa que el postulante o trabajador considere un acto de discriminación y que no se encuentran establecidas en la anterior lista, puede presentar su denuncia ante las Autoridades Laborales (MTSS), o ante los Juzgados Laborales, posibilidad que ya establece nuestra legislación.
La nueva regulación responde en gran parte a los cambios que experimenta la sociedad, cada vez más diversa y plural. Estos son criterios que, en algunos casos, ya han sido considerados por los Tribunales de Justicia como situaciones por las que una persona no debe ser discriminada de una oportunidad de empleo, de una mejora de sus condiciones laborales, y mucho menos, ser consideradas como causas para la terminación de la relación laboral.

Consideraciones para la contratación de personal

Así las cosas, las consideraciones que haga el patrono, deben enfocarse en criterios formales y objetivos del puesto que se pretende contratar, o del que ya ocupe la persona contratada.
La persona que se considere perjudicada debe detallar los hechos por lo que se considera discriminado, además de presentar los criterios de comparación que acompañen su alegato.
En caso de que se compruebe que la persona fue discriminada por cualquier causa, el Juez podrá ordenar la reinstalación en su trabajo, además de las indemnizaciones que establezca. Asimismo, la nueva normativa indica que, tratándose de empleo público, cualquier acto administrativo como un despido, suspensión, traslado, permuta, o ascenso que se realice y conlleve un acto de discriminación, pueden ser anulables si la parte interesada así lo solicita.
A modo de resumen, podemos resaltar tres aspectos importantes con la nueva ley, en cuanto a la discriminación en materia laboral:
1.La carga de la prueba del acto discriminatorio patronal por parte del trabajador. El alegato del trabajador de la discriminación no lleva implícita una presunción de verdad, pues el artículo 409 dice que “quien alegue la discriminación deberá señalar específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que substancie su afirmación.” Si el trabajador cumple con esta obligación procesal, entonces la carga de la prueba se desplaza a la parte patronal, tal y como lo dispone el artículo 478, inciso 10): “En todo caso, le corresponderá al empleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre: …10) La justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones.”
2.El plazo de prescripción para alegar un acto discriminatorio patronal. Existen tres términos que podrían aplicar: uno de seis meses, de conformidad con el artículo 416, contado a partir del momento en que el empleador dio motivo para la separación sin que haya finalizado la relación laboral; el mismo plazo semestral, desde que se dio el despido discriminatorio, para acudir a la vía sumarísima (más adelante detallamos) a impugnar dicha terminación y buscar la reinstalación, según también el artículo 416; o, el plazo de un año a partir de la terminación del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 413 del Código de Trabajo.
3.El establecimiento de una causal de despido por falta grave en el artículo 410, en concordancia con el artículo 81 inciso l), para “todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas a reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación.”, por lo que las personas que están a cargo del proceso de reclutamiento y selección, y en general de la administración de las relaciones laborales en un centro de trabajo, pueden cometer una falta grave que justifique la terminación sin responsabilidad de su contrato, si de alguna forma incurren en alguna forma de discriminación en sus labores.
Mención aparte hay que hacer al mecanismo procesal contra la discriminación que incluyó la Reforma Procesal Laboral. A partir del artículo 540 del Código de Trabajo, se estableció un proceso sumarísimo de tutela que en principio se da para los casos de violación a los fueros especiales, pero que el mismo artículo permite utilizar para los casos de discriminación laboral, por lo que por la urgencia o sencillez del caso litigioso, o por la gravedad del acto, la ley señala una tramitación brevísima.
Basado en todo lo anteriormente expuesto, es claro que la reforma es sensible, y las organizaciones y las personas físicas que contratan personal, deben revisar sus procesos de reclutamiento, así como los procedimientos disciplinarios que se utilicen en los centros de trabajo para evitar que se presenten situaciones que puedan ser consideradas actos discriminatorios.

NOTA: Este artículo, que tiene como base normativa de Costa Rica, se emite con fines informativos, no para asesorar. Se distribuye con la intención de dar a conocer los derechos y obligaciones según la ley; y es publicado por: ERP LAWYERS & Associates

El pago de impuesto a las personas jurídicas para el periodo 2018

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El pasado 31 de enero venció el plazo para el pago del impuesto a las personas jurídicas, mismo que se actualiza cada año según el salario base que se establece por decreto anualmente, el cual para este 2018 es de cuatrocientos treinta y un mil colones (₡431,000.00).

Es importante recordar que las sociedades que se encuentran inactivas, deberán cancelar un total del quince por ciento (15%) del salario base, las compañías activas que generen un ingreso no superior a ciento veinte (120) salarios base, deberán pagar un tributo del veinticinco por ciento (25%) del salario base; aquellas empresas que tengan un ingreso entre ciento veinte (120) y doscientos ochenta (280) salarios base, deberán cancelar el treinta por ciento (30%) del salario base; y por último, las sociedades que tengan un ingreso bruto mayor a doscientos ochenta (280) salarios base, deberán pagar un impuesto del cincuenta por ciento (50%) del salario base.

Dichos porcentajes de pago fueron establecidos por ley, por lo que los mismos aplican para todos los años, lo único que va a cambiar es el monto correspondiente, dependiendo del salario base que se establezca cada año.

Las consecuencias del no pago de este tributo son bastante graves para las empresas, ya que, primeramente, genera intereses moratorios, lo cuales son fijados por la Administración Tributaria, pero nunca podrán ser mayores a un veinte (20%) del monto adeudado; y al estar morosas las sociedades, el Registro Nacional no emite certificaciones de ningún tipo, y tampoco se pueden realizar inscripciones de documentos a favor de la sociedad morosa. Además, el no pago de los impuestos se constituye en una hipoteca o prenda legal contra los bienes de la misma compañía.

Además, no podrán participar en procesos de contratación administrativa. También se debe recordar que aquellas sociedades que tengan más de tres periodos como morosas, se arriesgan a una disolución de oficio. Las únicas sociedades que se encuentran exentas del pago de este impuesto son aquellas que se encuentran inscritas como pequeñas y medianas empresas (PYMES).

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Las razones de la promulgación de la Ley de Protección al Inversionista Minoritario

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El 4 de agosto del 2016 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección al Inversionista Minoritario, ley No. 9392 que entró en vigencia en octubre de ese mismo año, y que vino a llenar un vacío legal importante dentro de las sociedades en Costa Rica; y que además, coloca a nuestro país en los niveles de las mejores prácticas y los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Autoridades regulatorias, a nivel mundial,  han hecho enormes esfuerzos por mejorar las reglas que rigen en los mercados de capitales, esto con el fin de que su funcionamiento sea eficiente, creíble y confiable. Lo que se busca con estos esfuerzos es aumentar la transparencia de los mercados, así como resguardar los intereses de los inversionistas, especialmente de los pequeños, por su posición de desventaja en la relación de poder.

Responsabilidad de proteger los derechos de los inversionistas

Es a cada país a quien le corresponde resguardar los derechos de los inversionistas mediante regulaciones que incentiven la implementación de buenas prácticas de transparencia corporativa, que brinden un mejor acceso a la información y aseguren protección a los inversionistas minoritarios ante posibles conflictos de intereses. El Banco Mundial, en su publicación “Doing Business 2015: Más allá de la eficiencia”, ubicó a Costa Rica, para el año 2015, en el lugar 181, casi en los últimos lugares de la clasificación en cuanto a la protección de inversionistas minoritarios. Ya para el año 2017 nuestro país saltó a la posición 119, lo que evidencia un gran avance, esfuerzo y trabajo por parte de las autoridades para proteger a estos inversionistas.

El Índice Doing Business es un instrumento de toma de decisiones para los inversionistas, principalmente extranjeros, a la hora de valorar la factibilidad de realizar un negocio, ello a partir de diez indicadores que abarcan el ciclo de vida de un negocio. La metodología Doing Business define al accionista minoritario como aquel que cuenta con un porcentaje igual o inferior al 10% del capital social.

Bajo este panorama, para incrementar la protección a los inversionistas, en especial a los minoritarios, era necesario realizar reformas puntuales al Código de Comercio en sus artículos 26 y 189, así como al Código Procesal Civil en su artículo 426; lo que le permitiría al país ubicarse al nivel de las mejores prácticas internacionales en esta materia.

Logros de la Ley de Protección al inversionista Minoritario

La Ley de Protección al Inversionista Minoritario ha permitido ayudar a fortalecer las pequeñas y medianas empresas asociadas bajo la figura de consorcios en beneficio de mejores condiciones que atienden sus necesidades, dado que no existía marco legal adecuado que les amparara como inversionistas minoritarios.

El artículo 26 del Código de Comercio es reformado en su primer párrafo, para incorporar un derecho de los accionistas minoritarios de examinar aquellas transacciones que involucren la enajenación de activos de la empresa – o la constitución de garantías a través de ellos – siempre que tales operaciones representen un valor igual o superior al 10% de los activos totales de la sociedad respectiva. A este respecto, importa también notar que la Ley obliga también, a través del numeral 32 ter del mismo cuerpo normativo, a que esas transacciones deban ser siempre aprobadas por la Junta Directiva.

Nótese que la Ley disminuye el porcentaje de capital societario necesario para pedir una orden judicial de realizar una auditoraje de la compañía de un 20% – tal como lo establece la norma actual – a un 10%. Además, la Ley agrega un nuevo segundo párrafo al artículo 189 del Código de Comercio para establecer, explícitamente, el deber de diligencia y lealtad de los consejeros societarios y demás administradores, así como su deber de actuar en el mejor interés de la empresa teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, de los empleados y del público.

Finalmente, la Ley reforma el artículo 426 del Código Procesal Civil relativo al proceso abreviado, proceso a través del cual se conoce la impugnación de acuerdos societarios tomados en asamblea de accionistas, juntas directivas o consejos de administración. En este sentido, la Ley amplía la facultad de las partes para solicitar al Juez la presentación de documentos de la parte de la sociedad demandada.

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