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Autor: erpenter

Nuevas reformas a la Ley de Tránsito

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La Ley de Tránsito, objeto de múltiples críticas por parte de un gran sector de la ciudadanía costarricense, fue reformada este año, y los cambios entraron en vigencia el pasado 17 de julio. Con esta nueva reforma a la ley se establecen disposiciones, prohibiciones y multas no contempladas anteriormente por la misma.

¿Cuáles son las modificaciones más importantes a la Ley de Tránsito?

Dentro de esta reforma, hay tanto cambios como adiciones a varios artículos de la Ley de Tránsito; sin embargo, acá desglosamos las de mayor trascendencia:
*El conductor que no porte su licencia de conducir pagará una multa de veintiun mil novecientos noventa y dos con sesenta y ocho céntimos (¢ 21,992.68). Y aquel conductor que esté conduciendo un vehículo sin la licencia correspondiente deberá pagar una multa de (¢ 103,679.77).
*Se prohíbe la circulación de vehículos con polarizado tipo espejo o limosina, salvo polarización de fábrica que permita visibilidad hacia adentro y hacia afuera del vehículo. En caso de incumplimiento la multa es de ciento tres mil, seiscientos setenta y nueve colones con setenta y siete céntimos (¢ 103,679.77).
*Se establece una multa de trescientos seis mil ochocientos cincuenta colones (¢ 306,850.00) a aquella persona que se niegue a realizarse la prueba de la alcoholemia.
*Se podrá impugnar el resultado de una prueba de la alcoholemia, y se tendrá derecho a una segunda prueba; sin embargo, si el resultado es positivo en la segunda prueba, la persona deberá pagarla.
*Producir ruido, emisión de gases, humos o partículas contaminantes que excedan los límites establecidos, será considerado grave y por ende se aplicará una multa categoría A del mismo monto indicado supra (¢ 306,850.00).
*Aquellos conductores que lleven personas extras a la capacidad máxima del vehículo, deberán pagar una multa de ciento tres mil seiscientos setenta y nueve colones con setenta y siete céntimos (¢ 103,679.77).

Siguiendo la misma línea, la reforma a la Ley de Tránsito también prohíbe estacionar:

*Frente a entradas o salidas de centros educativos, hospitales, clínicas, estaciones de bomberos, Cruz Roja, estacionamientos públicos o privados y garajes.
*En calzadas o aceras de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o ponga en peligro la seguridad de los demás.
*En lugares demarcados con franja amarilla.
*A una distancia menor de 5 metros de un hidrante o a zonas de paso para peatones, a menos de 10 metros de una intersección de vías urbanas o a menos de 25 metros de una intersección de vías no urbanas.

Aunado a estas modificaciones en las prohibiciones y montos de las multas, existen también nuevas razones que autorizan a los oficiales de tránsito para realizar el retiro de las placas, tales como:

*Cuando no se haya pagado el derecho de circulación o el seguro obligatorio.
*Cuando una unidad de transporte público equipada con rampa o plataforma circule con el dispositivo en mal estado.
*Cuando el vehículo sea utilizado para prestar servicio de transporte público sin las autorizaciones respectivas.
*Producir ruido o emisiones de gases, humos o partículas contaminantes que excedan los límites establecidos.
*Cuando el vehículo obstruya las vías públicas, el tránsito de vehículos y personas, aceras, ciclovías o permanezca mal estacionado.

El cumplimiento de la Ley de Tránsito es vital para evitar la creciente ola de muertes en carretera, así como accidentes que produzcan severos daños materiales.

ERP Lawyers & Associates: asesoría legal en asuntos de tránsito

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La obligación alimentaria con los hijos mayores de edad

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La pensión alimentaria

Es un tema del día a día en muchas familias; sin embargo, hay un sub-tema dentro de las pensiones alimentarias del cual se comenta poco, y es el de la pensión alimentaria a favor de los hijos mayores de edad. Es común pensar que, una vez cumplidos los 18 años, las personas pierden el derecho a recibir un monto por concepto de pensión alimentaria; sin embargo, no es así.

El artículo 173 inciso 5 del Código de Familia establece que, si el hijo es mayor de edad, pero menor de veinticinco años, estudia con una carga académica razonable y obtiene buenas calificaciones, tiene derecho a seguir recibiendo o a solicitar pensión alimentaria por parte de su padre o madre. La norma señala que la persona mayor de edad puede ser beneficiaria de alimentos si no ha terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, pero dicho derecho no puede ir más allá una vez alcanzada la edad de veinticinco años.

Es importante mencionar que, al cumplir los hijos los dieciocho años, el deudor alimentario no es exonerado de oficio del pago de dicho monto, sino que, si desea liberarse de esa responsabilidad, debe presentar ante el Juzgado respectivo un incidente de exclusión de beneficiario, en caso de pagar pensión alimentaria a más de un beneficiario, o bien, un incidente de exoneración, en caso de pagar pensión alimentaria a un solo beneficiario. Es decir, la pensión alimentaria para los hijos beneficiarios no desaparece automáticamente con la mayoría de edad, sino que es el demandado el obligado a gestionar la exclusión del beneficiario o el incidente de exoneración, según sea el caso.

Cambios en el proceso de pensión alimentaria a partir de la mayoría de edad

Hay modificaciones en el proceso alimentario cuando la persona beneficiaria alcanza la mayoría de edad, y deben tomarse muy en cuenta, ya que son de vital importancia. Cuando se alcanza la mayoría de edad se tiene capacidad de actuar, y con eso, ya el padre o la madre del beneficiario no es más su representante. La persona beneficiaria deberá hacer saber al Juzgado respectivo que quiere continuar recibiendo pensión alimentaria y será responsable de retirar el dinero y realizar cualquier trámite que el proceso requiera. Únicamente en casos especiales, como cuando se compruebe que la persona beneficiaria tiene alguna discapacidad, es que se permite un representante después de los dieciocho años de edad.

Carga académica razonable

Tal y como se mencionó anteriormente, uno de los presupuestos para que una persona mayor de edad continúe recibiendo pensión alimentaria es que tenga buenas calificaciones y que tenga una carga académica razonable y adecuada para la edad que tenga. Esta situación queda a criterio del Juez, ya que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una definición de lo que es una carga académica razonable. Son los Jueces los que han recibido la obligación discrecional de decidir el contenido de esos conceptos jurídicos. Se obliga a la persona juzgadora a realizar un juicio valorativo entre el esfuerzo que debe desarrollar el beneficiario en sus estudios, así como cantidad y dificultad de las materias, su edad, sus condiciones de aprendizaje, posibles limitaciones de aprendizaje, y todo aquel elemento externo que permita establecer que la carga y los resultados obtenidos en los estudios, son aceptables para continuar beneficiándose de la pensión.

ERP Lawyers & Associates: Expertos en pensiones alimentarias

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Régimen de interrelación familiar: el nuevo concepto de los regímenes de visita

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Cuando se produce la separación entre padre y madre, o si nunca hubo una relación de convivencia, siempre existe la pregunta o la duda sobre cuál de los cónyuges ejercerá la custodia de los hijos menores de edad. Lo ideal, siempre, es llegar a un acuerdo entre las partes cuando se va a dar la separación, ya que la fricción que generan situaciones como estas solamente causa daño a los mismos hijos; sin embargo, en muchas ocasiones el acuerdo no se concreta porque la ruptura no se dio en buenos términos, ambos quieren ejercer la custodia y se vuelve una guerra de poder y orgullo entre los padres.

Al no haber un acuerdo voluntario entre partes, lo mejor sería buscar una conciliación mediante un abogado, o en su defecto, será un Juez de Familia quien determine tanto los aspectos relativos a la guarda, crianza y educación de las personas menores de edad, así como el régimen de interrelación entre estos y el progenitor que no tenga a su cargo la custodia.

Derecho a una interrelación familiar entre hijos y progenitores

El derecho a una interrelación familiar no es solamente del progenitor, sino que es un derecho que tienen los hijos menores de edad de compartir con ambos padres, y que se encuentra regulado tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en distintos instrumentos internacionales tendientes a proteger los derechos de las personas menores de edad, tales como la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

El derecho a una interrelación familiar o a un régimen de visitas, como anteriormente se le conocía, está concebido como un medio idóneo para fortalecer el afecto y la relación entre padres/madres e hijos, ya que en muy pocos casos se logra establecer una guarda compartida, debido a los múltiples presupuestos que deben cumplirse para que esto sea viable.
La interrelación familiar se dirige a mantener la unidad familiar en circunstancias de deterioro de las relaciones entre los progenitores, ya que una separación o un divorcio no deben afectar la relación que los progenitores tengan con sus hijos.

Es de vital importancia recordar el derecho que tienen las personas menores de edad de relacionarse con ambos progenitores, así como con sus respectivas familias. En la fijación de un régimen de interrelación familiar, ya sea consensuado entre las partes o fijado por una Autoridad Judicial, siempre debe tomarse en cuenta el interés superior de la persona menor de edad.

Pero también están los casos en los cuáles no es conveniente que la persona menor de edad se interrelacione con uno de sus progenitores, sea por algún caso de violencia doméstica anterior o por alguna costumbre peligrosa, que pueda poner en riesgo su bienestar físico y emocional.

Cuando la salud física y emocional del niño o niña se vea perjudicada, el derecho que tiene el progenitor a una interrelación cede ante el inminente peligro que pueda correr la persona menor de edad, ya que en este como en todos los procesos judiciales donde están involucradas personas menores, se buscará siempre respetar el interés superior de estas, al ser una población vulnerable por cuestiones de edad.

ERP Lawyers & Associates: Expertos en Derecho de Familia

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Ley de Relaciones Impropias entró a regir a partir del 13 de enero 2017

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La Ley 9406, conocida como Ley de Relaciones Impropias, entró a regir el pasado 13 de enero.
Con esta ley, Costa Rica fortalece las acciones que se realizan para la protección de las personas menores de edad, ya que castigará con tres años de cárcel como mínimo a quienes tengan relaciones sexuales con personas menores de 15 años, si la diferencia entre ambos es de cinco o más años.
Esta ley fue aprobada en octubre de 2016 por la Asamblea Legislativa, la cual acordó una serie de reformas a varios artículos del Código Penal, Código de Familia, Código Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil.
Esta iniciativa viene a cambiar una realidad nacional, ya que solamente en el 2015 se recibieron 4.700 denuncias en materia de relaciones sexuales con personas menores de edad.

Esta nueva ley reforma varios códigos de Costa Rica y establece

– Cárcel para los adultos que sostengan relaciones con adolescentes de entre 15 y 18 años, siempre que el adulto le lleve una diferencia de siete años: la pena oscilará entre dos y tres años de cárcel.

– En el caso de las relaciones con menores de edad de entre 13 y 15 años, la ley castiga con tres a seis años de cárcel, cuando la diferencia de edad sea de cinco años o más.

– Se penará con cuatro a 10 años cárcel cuando el autor tenga respecto de la víctima una condición de padre o madre, tío o tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguinidad o afinidad; sea tutor o guardador; o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto a la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

La ley, a su vez, prohíbe el matrimonio entre menores de edad o el matrimonio de un menor con un adulto, en un intento por reducir el embarazo adolescente y la deserción en el sistema educativo, entre otros inconvenientes que ya se han manifestado por haberse permitido anteriormente.

También propone que la patria potestad se elimine cuando la persona menor de edad se encuentre en situación de abandono, haya sido objeto de violación o abuso sexual de su propio familiar o tutor.
Y por último, esta nueva ley protege los derechos de los menores al alcanzar la mayoría de edad en cuanto a los bienes y frutos que le pertenezcan, ya que obliga a la persona que ostenta la partria potestad a entregárselos y rendirle cuenta de la administración de los mismos.
Con esta ley se cumple con el compromiso adquirido por Costa Rica en la Convención de los Derechos del Niño, de ofrecer especial protección a las personas menores de edad, hasta los 18 años de edad.

Asesoría legal en Costa Rica

Si desea asesoría legal en temas como Derecho de familia o civil, en ERP Lawyers & Associates le ofrecemos un equipo multidisciplinario con amplia experiencia, una comunicación siempre activa y eficaz para tramitar sus asuntos legales y construir con usted una relación de confianza. Contáctenos:

• Formulario de contacto
• (506) 2520-1122
• eduardo@erplawyers.com

Reforma al Reglamento de la Ley de Protección de Datos mejora el resguardo de información personal

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En diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta una modificación al Reglamento de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, cuyo objetivo es mejorar la protección de la información y los derechos de la persona ante un uso indebido de sus datos personales.

Dicha ley aplica para la información personal que se resguarde en bases de datos automatizadas o manuales, tanto de organismos/empresas públicos y privados.

Modificaciones al Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales  

Las reformas al Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales buscan, “precisar mejor el ámbito de aplicación de la Ley N° 8968 en cuanto a las bases de datos internas, transferencias de datos, subcontratación del proveedor de servicios o intermediario tecnológico y entidades financieras”.

Entre las modificaciones más importantes al reglamento se encuentran:

  • Se considera como base de datos personal o doméstica, cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos personales restringidos o de acceso irrestricto, mantenidos por personas físicas, siempre y cuando las bases de datos o su contenido no sea comercializado, distribuido o difundido.
  • Se considera como base de datos interna cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos personales mantenidos por personas jurídicas, públicas o privadas, siempre y cuando las bases de datos o su contenido no sea comercializado, distribuido o difundido.
  • La conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular, no deberá exceder el plazo de 10 años, desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato, salvo disposición especial que establezca otro plazo.
  • La transferencia (de datos) requerirá siempre el consentimiento inequívoco del titular. La transferencia implica la cesión de datos personales por parte, única y exclusivamente, del responsable que transfiere al responsable receptor de los datos personales
  • El consentimiento de acceso a la información ahora puede ser otorgado también usando un medio digital, lo cual agiliza muchos trámites.
  • Se modificó el artículo 3 y se estableció que las bases de datos de entidades financieras sujetas a regulación por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no requieren inscribirse ante la Agencia de Protección de Datos. Eso sí, la agencia mantendrá el control de la Ley de Protección de Datos (Nº 8968) y podrá ejercer las acciones que la ley le permita sobre esas bases de datos.
  • Se suprimió la figura del “súper usuario” en el manejo de bases de datos.

Si desea verificar otros conceptos legales relacionados a la Ley de Protección de Datos, o mejorar la forma en que maneja los datos personales de sus trabajadores, contacte a ERP Lawyers & Associates, el bufete “boutique” más reconocido de Costa Rica.   

Mobbing o acoso laboral: Qué es y cómo controlarlo en su empresa

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Carlos es trabajador de una empresa de renombre, tiene más de cuatro años de laborar para la misma y desde un tiempo para acá está siendo víctima de actitudes toscas de parte de varios compañeros de trabajo, incluido su supervisor. Carlos aún no sabe que está siendo víctima de acoso laboral, y menos aún que tiene forma de defenderse contra este.

El acoso laboral o mobbing se define como una serie de comportamientos y conductas abusivas que degradan psicológicamente a un trabajador, perjudicando su autoestima y moral, mediante un hostigamiento y una situación de violencia psicológica continuada. Esta violencia psicológica llega a producir una lesión de la dignidad e integridad del trabajador, creando un entorno de trabajo hostil, humillante, ofensivo e intimidatorio.

Actualmente, en Costa Rica, no existe regulación alguna referente al acoso laboral, sin embargo la ley 7476, sea la “Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia”, sirve de respaldo para que las empresas puedan regular mediante políticas internas de trabajo el tema de acoso laboral u hostigamiento sexual.

Procedimientos para denunciar y sancionar el acoso laboral en su empresa

Si usted es cabeza de una empresa y se entera de que uno de sus trabajadores está siendo víctima de acoso laboral debe tomar una serie de medidas y normativas para regular dicha situación a nivel interno, con el fin de realizar un debido y equitativo proceso para todos los colaboradores, en el cual, dependiendo de la gravedad de la falta, se pueda considerar la sanción correspondiente.

Además, la empresa debe enfocarse en brindar soporte y apoyo al colaborador que está siendo víctima de este hostigamiento de la siguiente manera:
1.Establezca mecanismos de defensa: Regule el tema mediante políticas que indiquen qué hacer en caso de verse afectado por un tema como el mobbing; defina parámetros sobre a quién y cómo acudir dentro de la Empresa, resguardando siempre la privacidad y confidencialidad del caso.
2.Defina el proceso: Establezca cuál es el trámite a lo interno para llevar el proceso una vez recibido el reclamo; y además, las implicaciones para el acosador en caso de encontrarse culpable, así como para quien interponga el reclamo en caso de ser falso.
3.Adopte las medidas necesarias: Recibida la denuncia por acoso laboral, ejecute las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.

Las sanciones por acoso laboral se aplicarán según la gravedad del hecho y podrán ser las siguientes: la amonestación escrita, la suspensión y el despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos punibles, según lo establecido en el Código Penal.

Si en su empresa se está presentando una situación de acoso laboral, y aún no tiene claro de cómo proceder, comuníquese con ERP Lawyers donde le daremos toda la asesoría, apoyo y orientación necesaria para que proceda como corresponda y de la mejor forma para beneficio de la empresa y de los involucrados.

El divorcio por mutuo consentimiento: aplicación y beneficios

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Cuando se habla del divorcio, se piensa automáticamente en engorrosos procesos judiciales, en re-victimización y fricción entre los cónyuges. En la mayoría de los casos, eso suele ser lo que sucede; sin embargo, existe una solución “pacífica” y más expedita a este complicado momento que atraviesa la pareja; la opción de un divorcio por mutuo consentimiento.

Aplicación del Código de Familia en caso de divorcio

El artículo 48 del Código de Familia establece una serie de causales, mismas que deben cumplirse (al menos una) para poder optar por el divorcio. La sétima causal refiere al mutuo consentimiento, causal que puede ejercitarse en cualquier momento después de inscrito el matrimonio. Esta se realiza mediante un convenio ante Notario Público, que, una vez firmado, deberá presentarse ante un Juzgado de Familia para que un Juez lo homologue.

Para poder optar por mutuo consentimiento como causal de divorcio, debe existir un acuerdo de voluntades entre los cónyuges, es decir, deben estar de acuerdo, primero, en querer divorciarse, y además deben de llegar a un acuerdo en cuanto a los siguientes puntos:
-La guarda, crianza y educación de los hijos (si los hay).
-Régimen de visitas para hijos menores de edad (si los hay)
-La distribución de los bienes gananciales (si los hay).
-El monto de pensión alimentaria entre cónyuges y para los hijos.

En cuanto al último punto, los cónyuges pueden renunciar a la pensión alimentaria entre sí, pero si existen hijos y estos son menores de edad, debe quedar consignada en el acuerdo una cuota alimentaria a favor de los hijos, a cargo de la persona que no tiene la custodia.

Beneficios del divorcio por mutuo consentimiento

El divorcio por mutuo consentimiento tiene beneficios que ninguna de las otras causales ofrece, ya que en este caso es un proceso no contencioso (no judicial), lo que quiere decir que no hay litigio entre las partes, por ende no existirá esa fricción de un proceso judicial largo y tedioso, que desgasta a ambas partes. Además, esta causal asegura un divorcio más ágil y rápido en contraposición con un proceso judicial.
Si necesita asistencia y asesoría ante un posible divorcio, en ERP Lawyers & Associates nos ponemos a su disposición para asistirlo en este trámite, ya que contamos con profesionales especializados en Derecho de Familia, con amplia experiencia en materia de divorcio. Puede concretar una cita a través de nuestro sitio web o por teléfono. Será un placer asistirle.

Aspectos sobre Ley de Impuesto a Personas Jurídicas y Liquidación de Sociedades Disueltas con Bienes

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En fecha del 31 de agosto del presente año, la Dirección General del Registro Nacional emitió la Circular 0007-2017, cuya finalidad es otorgar algunos lineamientos sobre la aplicación que deben realizar los diferentes Registros: Inmobiliario, Muebles, Personas Jurídicas, Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Servicios Registrales, de las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto a Personas Jurídicas y su respectivo reglamento. Dicha circular se resume en tres aspectos destacados.

Verificación del pago del Impuesto a las personas jurídicas.

En cuanto a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Impuesto a Personas Jurídicas, que sanciona a las sociedades morosas con i) la no inscripción de documentos otorgados a su favor; y, ii) la no emisión registral de certificaciones de personería jurídica ni de certificaciones registrales; se dispone que los funcionarios deberán obligatoriamente consultar una base de datos creada para tal efecto.

Es importante mencionar que será CANCELADA la presentación de los documentos otorgados a favor de cualquier persona jurídica que se encuentre morosa en el pago del impuesto.

Sobre la exención del pago del impuesto de traspaso, timbre y derechos registrales.

Como ya lo hemos mencionado en el artículo que toca el tema del Impuesto a Personas Jurídicas, el Transitorio III de dicha Ley concede un plazo de 12 meses para que las sociedades que hayan estado inactivas ante la Autoridad Tributaria por al menos 24 meses con anterioridad a la vigencia de esa Ley, puedan traspasar bienes a otras personas, sean físicas o jurídicas, con exención total de los respectivos impuestos de traspaso, timbres y derechos registrales.

Es vital tomar en cuenta que la exención prevista en dicho Transitorio tiene una vigencia de 12 meses, por lo cual se aplicará únicamente a los documentos otorgados entre el 1 de setiembre del 2017 y el 31 de agosto del 2018.

Sobre el trámite de liquidación de las sociedades disueltas de oficio.

En caso que la sociedad haya sido disuelta para las autoridades del Registro Nacional, se deberá presentar, mediante testimonio de escritura pública, el resultado del proceso de liquidación de las sociedades, sin importar que dicha liquidación haya sido realizada en sede judicial o en sede notarial. En dicha escritura deberá comparecer tanto el liquidador como los adjudicatarios de los bienes de la sociedad liquidada y se deberá indicar la forma en que se acordó la distribución de los bienes. El Notario a cargo deberá dar fe de la inscripción del liquidador en el Registro de Personas Jurídicas, indicando las citas correspondientes; así como de la autorización del liquidador para llevar a cabo el proceso. En caso de las sociedades extranjeras, deberá actuarse por medio de un poder especial otorgado por la casa matriz.

Cualquier adjudicación deberá ser previamente aprobada por la Asamblea General de Socios, según los artículos 214 y 219 del Código de Comercio, y deberá indicarse para cada inmueble, derecho indiviso, lote o crédito correspondiente; el valor por el cual es adjudicado al respectivo beneficiario.

¿Reinscripción de sociedades disueltas?

En la Asamblea Legislativa se estudia una moción de reforma presentada al Transitorio II de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas que permitiría a las sociedades disueltas por morosidad ser reinscritas por el Registro Nacional, previo pago de las sumas adeudadas por concepto del Impuesto a las personas jurídicas dentro de la ley anterior a la que entró en vigencia el pasado 1 de setiembre.
El Registro disolvió, previa notificación en el períodico oficial (La Gaceta) aquellas sociedades que adeudaban tres períodos, por lo que ya no aparecen inscritas y quedaron sin representación legal. La moción permite que todas aquellas sociedades que hayan sido disueltas y que hayan cancelado la deuda tributaria correspondiente antes del 15 de diciembre del presente año, puedan presentar ante el Registro Nacional una solicitud de reinscripción en las mismas condiciones y términos en las que se encontraba al momento de su disolución. La reinscripción se hará a solicitud de los socios que ostenten al menos el 51% de las acciones de la sociedad y deberá realizarse en escritura por medio de un Notario Público. Tendrán tiempo hasta el 18 de enero del 2018 para presentar la solicitud de reinscripción, toda vez que hayan cancelado los montos adeudados.

ERP Lawyers & Associates: asesoría legal en asuntos corporativos.

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Regulaciones Básicas que todo patrono debe cumplir

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Ser patrono conlleva una gran responsabilidad para con sus trabajadores, por eso en ERP Lawyersqueremos que usted conozca las regulaciones básicas del Código de trabajo que como patrono debe cumplir, para así no tener ningún tipo de problema laboral.

Derechos y responsabilidades de los Patronos:

Tal como lo expresan el artículo 2 y 3 del Código de trabajo:

Artículo 2. El patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.

Artículo 3. Intermediario es toda persona que contrata los servicios de otra u otras para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este quedará obligado solidariamente por la gestión de aquél para los efectos legales que se derivan del presente del Código de Trabajo, de sus Reglamentos y de las disposiciones de previsión social.

Por tanto, en el momento que exista un contrato de trabajo por escrito, el patrono deberá cumplir con:

•Otorgar el salario mínimo,
•Asegurar al trabajador,
•Otorgar vacaciones,
•Pagar aguinaldo en fechas correspondientes,
•Dar preaviso, cesantía y prestaciones laborales en caso de un despido con responsabilidad patronal
•Pagar horas extras a partir de las 48 horas semanales, pago doble en días feriados e incapacidades por embarazo.

Los despidos deben ser justificados:

Según el artículo 12 de la ley supracitada, queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.

También es importante conocer lo que estipula el artículo 28 con respecto a ponerle término al contrato de trabajo sin justa causa, dando preaviso a la otra parte con las siguientes reglas:

a)después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de una semana de anticipación.
b)después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de quince días de
anticipación; y
c)después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de anticipación.

Dichos avisos se darán siempre por escrito; pero si el contrato de trabajo fuere verbal, el trabajadorpodrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y puede omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores.

Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocación.

Con base al término de relaciones entre patrono y trabajador, es importante que conozca lo que estipulan los dos siguientes artículos:

Artículo 32. El patrono puede renunciar expresa o tácitamente los derechos que otorgan los artículos 28 y 31. La renuncia se presumirá de pleno derecho siempre que no formule su reclamo antes de treinta días contados a partir de aquel en que el trabajador puso término al contrato.
Artículo 35. A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono, a solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que exprese:
a)la fecha de su entrada y de su salida;
b)la clase de trabajo ejecutado;
c)la manera como trabajó; y
d)las causas del retiro o de la cesación del contrato.

Si un patrono incumple, deberá negociar un acuerdo con el trabajador. En caso de que no se logre un acuerdo, se acude al MTSS y se cita a una audiencia para buscar llegar a un acuerdo; si este acuerdo no se da, habría que entablar una demanda judicial.

Recuerde además, que la carta de despido es una formalidad y siempre será obligación entregarla.

Consulte con los Expertos de ERP Lawyers si tiene dudas en materia laboral y con gusto lo asesoramos.

Entra nuevamente en vigor el Impuesto a las Personas Jurídicas

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El pasado primero de setiembre del 2017, entró en vigor una Ley que impone de nuevo un tributo a las personas jurídicas; impuesto que no es nuevo, ya que entre el año 2012 y el 2015 (hasta la declaración de inconstitucionalidad por errores en el proceso de aprobación de la ley), hubo un impuesto muy similar.
El cobro del tributo es para todo tipo de sociedades mercantiles (anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, colectivas); y para este 2017, dicho cobro será parcial, es decir, únicamente se deberá pagar el equivalente de los meses de setiembre a diciembre del presente año. Así mismo, como ha sido mencionado en otro artículo anteriormente publicado, el cobro del nuevo impuesto será escalonado, teniendo en cuenta los ingresos brutos que tenga cada sociedad.

• A las sociedades inactivas se les cobrará un 15% del salario base de un auxiliar administrativo del Poder Judicial, según se establezca dicho salario cada año.
• Las sociedades activas que presenten ingresos anuales menores a ₡51.144.000, tendrán que pagar el 25% del salario base antes mencionado.
• Las sociedades que reporten ingresos entre ₡51.144.000 y ₡119.000.000 anuales, pagarán un 30% del salario base antes dicho;
• Y por último, las sociedades que tengan un ingreso anual mayor a ₡119.000.000, deberán pagar el 50% del salario base del auxiliar del Poder Judicial.
Es importante recalcar que el salario base de un auxiliar judicial para el año 2017 es de ₡426,200.00. El no pago de dicho tributo en las fechas establecidas (durante el primer mes de cada año) acarrea una multa del 11.73% anual del total del impuesto.

Período para ponerse al día con el pago de impuestos

La nueva Ley incluye transitorios que permiten a las sociedades morosas ponerse al día con el pago de impuestos dejados de pagar con la Ley anterior. El transitorio II establece que las sociedades que se encuentren morosas del impuesto de la ley anterior (2012-2015), tendrán tres meses, a partir del pasado primero de setiembre, para pagar el impuesto sin tener que pagar intereses o multas que hayan sido establecidos.
De no cancelar la deuda en ese período, los intereses y multas se reactivarán; lo que implica que el Registro no otorgue personerías, no puedan participar en concursos para la prestación de servicios, no se puedan realizar traspasos de bienes a favor de sociedades morosas, entre otros.

Exención en los impuestos de traspaso y derechos registrales

Por un plazo de 12 meses a partir del 1 de setiembre, estarán exentos del impuesto de traspaso, pago de timbres y derechos registrales los traspasos de bienes muebles e inmuebles que realicen las sociedades que hayan estado inactivas ante la autoridad tributaria por al menos 24 meses con anterioridad a la vigencia de la Ley; según el transitorio III.
Si una sociedad falta al pago durante tres períodos consecutivos, dicho incumplimiento será causal de disolución y tanto los representantes, como los socios, son solidariamente responsables de la deuda tributaria, que tendrá hipoteca y prenda legal preferentes sobre los bienes de la Sociedad.
Están exentas del impuesto las pymes inscritas como tal en el Ministerio de Economía, y los pequeños y medianos productores agropecuarios registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es importante agregar que ahora el impuesto será administrado por la Dirección Nacional de Tributación y no por el Registro Nacional.

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