Blog archivos - ERP LAWYERS Bufete boutique

Categoría: Blog

Hacienda amplía el plazo para pago y declaración del impuesto de casas de lujo

Posted on

 

El Ministerio de Hacienda amplía el plazo para pago y declaración del impuesto solidario (Casas de Lujo) al 25 de enero.

El pasado 10 de enero la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda, comunicó mediante su página oficinal, que el plazo para declarar y pagar, sin recargo el impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda del período 2019, se ampliará por esta vez hasta el 25 de enero del presente año.

Lo anterior obedece a un atraso en la publicación de los tramos en el diario oficial La Gaceta, por lo que se concede una prórroga de diez días naturales, la cual rige a partir de esa misma fecha.

Esta declaración se presenta cada tres años y el pago del impuesto no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

Para ese período todos los contribuyentes deben realizar la declaración para actualizar el valor de sus propiedades.

Deben cumplir esta obligación todos los propietarios de bienes inmuebles de uso habitacional, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo, incluyendo tanto las instalaciones fijas como las permanentes, cuyo valor de construcción sea mayor a ciento treinta y un millones de colones (¢131.000.000,00). Se paga sobre el valor de la construcción, más el valor del terreno.

 

Los nuevos tramos sobre los que se genera el cálculo son los siguientes:

TramosValorTarifa
Hasta₡329.000.0000,25%
Sobre el exceso de₡329.000.000 y hasta ₡659.000.0000,30%
₡659.000.000 y hasta ₡988.000.0000,35%
₡988.000.000 y hasta ₡1.318.000.0000,40%
₡1.318.000.000 y hasta ₡1.646.000.0000,45%
₡1.646.000.000 y hasta ₡1.978.000.0000,50%
₡1.978.000.0000,55%

 

 

Para más información o asesoría, ERP Lawyers & Associates pone a disposición su equipo de Derecho Laboral. Contáctenos y con gusto le atendemos. http://www.erplawyers.com/contactenos/

Recuerde que el impuesto a las personas jurídicas se debe pagar cada año

Posted on

Nos gustaría recordarle que el impuesto a las personas jurídicas se debe pagar año tras año. El plazo para cancelar, sin intereses, es dentro de los 30 días naturales siguientes al 01 de enero de cada año.

 

Las tarifas para personas jurídicas se establecen de acuerdo con la siguiente tabla:

  • Sociedades no inscritas en el registro Único Tributario como contribuyente del impuesto sobre la renta.
  • Sociedades que se constituyan o inscriban en el transcurso del período fiscal.
  • Sociedades declarantes -no contribuyentes- en el impuesto sobre la renta

15%

  • Sociedades inscritas en el Régimen de Tributación Simplificada.
  • Sociedades inscritas como contribuyentes del impuesto sobre la renta, que declaren ingresos brutos en cero o sin activida
  • Sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos menores a 120 salarios base, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

25%

  • Sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos entre 120 y menos a 280 salarios base, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

30%

  • Sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos equivalentes a 280 salarios base o más, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

50%

 

**Salario base 2019: ¢446.200.

Quienes no cancelen esta obligación se exponen al pago de intereses y multas por parte de Tributación, que corresponde a un 1% mensual con un máximo de 20%. Además, en caso de morosidad, el Registro Nacional no emitirá certificaciones ni inscribirá documentos en favor de una sociedad morosa, y las sociedades morosas no podrán contratar con el sector público a través de licitaciones.

En caso que las sociedades no paguen el impuesto respectivo a personas jurídicas y se deja de pagar por 3 períodos consecutivos, el registro podrá disolver la sociedad de oficio y embargará los bienes que se encuentren a nombre de la sociedad, y en caso que la sociedad no tenga bienes, los representantes legales.

 

Para más información sobre cómo pagar este impuesto o asesoría, ERP Lawyers & Associates pone a disposición su equipo de Derecho Laboral. Contáctenos y con gusto le atendemos. http://www.erplawyers.com/contactenos/

 

Con el año nuevo viene una subida del salario mínimo

Posted on

Para este año 2019 y mediante el decreto No. 41434-MTSS publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se establece que, partir del 1 de enero y con vigencia de un año, el sector privado tendrá un incremento del salario mínimo del 2,96%, siendo de aplicación obligatoria para todos los salarios mínimos que establece el decreto o bien para aquellos que por práctica y derecho se ha adquirido. Adicionalmente, el aumento para las servidoras domésticas es de un 3,50%.

 

Los incrementos principales se pueden observar divididos en tres categorias:

  • Por jornada ordinaria diaria:

Trabajadores en Ocupación No Calificada      ¢10.358,55

Trabajadores en Ocupación Semicalificada    ¢11.264,17

Trabajadores en Ocupación Calificada             ¢11.471,53

Trabajadores en Ocupación Especializada      ¢13.530,38

  • Ocupaciones genéricas por mes:

Trabajadores en Ocupación No Calificada        ¢309.143,36

Trabajadores en Ocupación Semicalificada      ¢332.589,87

Trabajadores en Ocupación Calificada              ¢349.623,39

Técnicos Medios de Educación Diversificada  ¢366.380,40

Trabajadores en Ocupación Especializada        ¢392.623,14

Técnicos de Educación Superior                         ¢451.523,54

Diplomados de Educación Superior                   ¢487.662,29

Bachilleres Universitarios                                     ¢553.124,45

Licenciados Universitarios                                   ¢663.772,10 

  • Relativo a fijaciones específicas:

Recolectores de café (por cajuela)                    ¢986,27

Servicio doméstico (por mes)                            ¢190.377,39

Trabajadores de especialización superior1     ¢20.997,77 

Periodistas contratados como tales (incluye el 23% en razón de disponibilidad) (por mes)  ¢817.500,41

Estibadores por kilo de frutas y vegetales       ¢0,0711

Estibadores por tonelada                                    ¢88,00

Estibadores por movimiento                              ¢375,28

 

Como dicta el Artículo 7º— sobre Regulación de formas de pago: si el salario se paga por semana, se debe pagar por 6 días, excepto si el trabajo es realizado en establecimientos comerciales, que se pagará 7 días semanales, de conformidad con el artículo 152 del Código de Trabajo. Si el salario se paga por quincena, comprende el pago de 15 días, o si el salario se paga por mes comprende el pago de 30 días, indistintamente de la actividad, que se trate.

Los salarios determinados en forma mensual en este Decreto, indican el monto total que debe recibir el trabajador; si se paga por semana, siempre que la actividad no sea comercial, el salario mensual debe dividirse entre 26 y multiplicarse por los días efectivamente trabajados.

En el caso del salario de los empleados que cobren comisión, la persona empleadora podrá pagar el salario base x más la comisión y entre ambos deberán sumar al menos el salario mínimo establecido en el Decreto de Salarios Mínimos, de tal forma que si entre el salario que se pague más la comisión, no se llega al salario mínimo fijado por ley, la persona empleadora debe legalmente ajustar al salario mínimo; así lo establece el Código de Trabajo en sus artículos 164 y 168. En el caso de las jornadas nocturnas o mixtas, se harán las equivalencias correspondientes, a efecto, que siempre resulten iguales los salarios por las respectivas jornadas ordinarias.

En el caso de que el salario de la persona trabajadora esté por encima del salario mínimo, no es obligación de la persona empleadora hacer el aumento salarial, excepto que exista un convenio, convención colectiva, arreglo directo, costumbre o cualquier otro instrumento normativo que así lo establezca.

La persona empleadora o empresa que no pague el salario mínimo se expone a una multa de 1 a 23 salarios base, sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora de dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal, agotando previamente las instancias de solución directa con la persona empleadora o la conciliación administrativa, según proceda.

 

Para más información o asesoría, ERP Lawyers & Associates pone a disposición su equipo de Derecho Laboral. Contáctenos y con gusto le atendemos. http://www.erplawyers.com/contactenos/

 

Impuestos municipales a las propiedades

Posted on

 

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 7509 “Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles”, se establece que los propietarios de bienes inmuebles están en la obligación tributaria de declarar el valor de sus propiedades a la Municipalidad.

Los impuestos se calcula sobre el valor de los terrenos y construcciones (en este caso el valor declarado en caso de ser aceptado por la Municipalidad será tomado como base de cálculo del impuesto), según conste en la municipalidad respectiva al día primero de enero del año en que se va a cobrar el tributo, por esta razón es que todo inmueble debe tener un valor registrado.

Existen varias formas de establecer el valor de un inmueble. La regla general es que como se indicó anteriormente, los propietarios declaren el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubica cada uno de ellos y actualizar su declaración cada cinco años.

El valor de los bienes puede modificarse en forma automática cuando se realiza una venta del inmueble por una suma mayor a la que tenía registrada la municipalidad. Lo mismo sucede si se constituye un gravamen hipotecario (ya sea hipoteca común o cédulas hipotecarias) por un valor mayor al registrado; o si se fracciona el terreno o se realizan construcciones o mejoras que representen un valor igual o superior al 20% del valor registrado.

Las municipalidades tienen la potestad de sancionar al contribuyente que no presente en tiempo las declaraciones de valor sobre sus inmuebles. La multa consiste en un monto igual a la diferencia dejada de pagar; es decir, la suma de los impuestos que no se pagaron precisamente por la omisión de actualizar el valor del bien.

Eso significa que si el contribuyente se atrasa o simplemente no declara el valor de su propiedad con la periodicidad que la ley señala, los impuestos que deje de pagar por ello al final se convertirán en una multa.

Para tal efecto, la municipalidad respectiva está facultada para realizar de oficio la valoración de los bienes inmuebles cuyo valor no declararon o no actualizaron sus propietarios. Esto como un mecanismo para que puedan recuperar la totalidad de los tributos no pagados.

 

 

En cuanto a la declaración de bienes inmuebles

La declaración de bienes inmuebles es la determinación y actualización del valor de la propiedad, mediante la cual se consideran las características del terreno y de la(s) construcción(es) que comprendan el inmueble.

Es deber del contribuyente el presentar su declaración al menos una vez cada 5 años mediante el formulario de Declaración de Impuestos sobre Bienes Inmuebles dispuesto por las Municipalidades para tales efectos.

Deben de declarar todas aquellas personas físicas o jurídicas dueña de propiedades inscritas o no ante el Registro Nacional, en caso de que se omita la obligación de presentar la declaración, la Municipalidad estará facultada para efectuar de oficio la valoración del (os) bien(es) inmueble(s) sin declarar.

El impuesto se calcula sobre el valor total del inmueble (terreno más construcción) al cual se le debe de aplicar una tarifa de 0.25, dando como resultado el monto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que corresponde a cancelar la suma de ¢2.500,00 por cada millón del valor del inmueble.

El impuesto se determina en forma anual, teniendo la facilidad de cancelarlo en su totalidad en forma adelantada, o por cuotas trimestrales, bajo el entendido que cada trimestre vencido genera los recargos por intereses correspondientes.

Si no se cancela a tiempo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se expone a que la deuda se traslade a Cobro Judicial, lo cual le acarrearía otros cargos por costas y honorarios de abogados, así como que se imponga gravamen por hipoteca legal preferente sobre la propiedad y un eventual remate de la propiedad.

 

 

Exoneración

Para el 2019, se estableció en la suma de ¢446.200,00 el salario base del Oficinista 1 según la referencia de puestos del Poder Judicial, el cual sirve de parámetro para la determinación del valor que cada año le permite a las personas físicas que tienen solamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades respectivas la exoneración del impuesto territorial que les corresponde pagar.

Así indica el artículo 4 de dicha norma:

Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto

No están afectos a este impuesto: (…)    e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma (…)”

Por consiguiente, si se multiplica cuarenta y cinco por el salario base establecido para este 2019 (¢446.200,00) constatamos que no tendrán que pagar impuesto a la propiedad sobre bienes inmuebles, las personas con único bien inscrito con un valor fiscal inferior a ¢20.079.000,00 (veinte millones setenta y nueve mil colones)

Asimismo, aquellos bienes que, no obstante, constituyan bien único pero su valor exceda del monto indicado, deberán, pagar el impuesto correspondiente pero calculado sobre el exceso de la suma indicada.

 

Para más información o asesoría, ERP Lawyers & Associates pone a disposición su equipo de Derecho Laboral. Contáctenos y con gusto le atendemos. http://www.erplawyers.com/contactenos/

 

 

Impuesto Solidario a propiedades de lujo en Costa Rica

Posted on

 

El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (ISO), o “impuesto a las casas de lujo”, como popularmente se le conoce, se encuentra al cobro desde el pasado 01 de enero y el plazo para declarar y pagar termina el próximo 15 de enero. Deben pagarlo los propietarios de todos los inmuebles con valores superiores a los ¢129.000.000,00 (ciento veintinueve millones de colones) y recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo, incluyendo las instalaciones fijas y las permanentes.

Por medio del decreto ejecutivo No. 40786-H, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 22 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda actualizó y estableció los tramos para la determinación del impuesto creado, los cuales rigen desde el 01 de enero de 2018, mismos que al momento de publicación de este articulo serían los que se encuentren vigentes para el 2019, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Ley Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda No. 8683, que indica: “(…) La Administración Tributaria deberá publicar los parámetros de valoración establecidos en la presente Ley, en los medios, escritos o electrónicos, que considere oportunos, cuarenta y cinco (45) días antes del inicio de cada período fiscal.  En caso de no publicarlos, se aplicarán los parámetros de valoración utilizados en el período anterior”, sin embargo, cualquier notificación que realice dicha Entidad al respecto deberá de considerarse.

 

Con base en lo anterior, los tramos para la aplicación del impuesto se detallan de la siguiente manera:

ESCALÓN                                                                    TARIFA A APLICAR

Hasta ¢323.000.000,00                                                                             0,25%

Sobre el exceso de ¢323.000.000,00 y hasta ¢647.000.000,00       0,30%

Sobre el exceso de ¢647.000.000,00 y hasta ¢970.000.000,00       0,35%

Sobre el exceso de ¢970.000.000,00 y hasta ¢1.295.000.000,00    0,40%

Sobre el exceso de ¢1.295.000.000,00 y hasta ¢1.617.000.000,00 0,45%

Sobre el exceso de ¢1.617.000.000,00 y hasta ¢1.943.000.000,00 0,50%

Sobre el exceso de ¢1.943.000.000,00                                                   0,55%

 

Cada 3 años se debe presentar una declaración jurada que actualice el valor fiscal del bien inmueble y el impuesto se cancela de manera anual.  De resultar superior al valor registrado por la administración, el nuevo valor declarado modifica automáticamente la base imponible aplicable para el período fiscal en que se declara.

Cuando el bien inmueble objeto de este impuesto pertenezca a varios copropietarios, estos deberán de declararlo en forma conjunta.

En caso de traspaso de la propiedad del bien inmueble, el nuevo propietario será el responsable solidario del pago del impuesto del período fiscal vigente a la fecha de adquisición, así como de los intereses correspondientes.

La omisión en la presentación de la declaración tendrá una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario base (¢223.100,00), asimismo, el incumplimiento en la cancelación o pago tardío de ese impuesto se sanciona con el uno por ciento mensual (o fracción de mes) sobre el monto dejado de cancelar, además, de una tasa de interés del 12,56 por ciento sobre ese mismo monto.

 

Para más información o asesoría, ERP Lawyers & Associates pone a disposición su equipo de Derecho Laboral. Contáctenos y con gusto le atendemos. http://www.erplawyers.com/contactenos/

Aprobación del convenio sobre la Igualdad de Oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras

Posted on

Igualdad de oportunidades para Trabajadores con responsabilidades Familiares (Convenio 156)

El pasado 06 de setiembre del año en curso, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Convenio sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares (Convenio 156), mediante la Ley No. 9608, la cual fue publicada el pasado 05 de diciembre, misma que ha sido aprobada ya por 44 países.

El convenio compromete a cada país firmante a incluir, entre los objetivos de su política nacional, el permitir a los trabajadores y a las trabajadoras (aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores) con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, o inclusive con respecto de otros miembros de su familia directa, que de manera evidente necesiten de su cuidado o sostén, que desempeñen o deseen desempeñar su derecho a un empleo, sin ser objeto de discriminación y sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

En este sentido, incluye una serie de recomendaciones, como la adaptabilidad de horarios laborales para las personas con responsabilidad familiar, la necesidad de involucrar a los hombres en el cuido de las niñas y los niños, y la creación de licencias parentales posteriores a la licencia por maternidad, que puedan ser solicitadas tanto por mujeres como por hombres.

De acuerdo con lo anterior, recomendamos a las Empresas incorporar o adecuar desde ya dentro de sus normas internas, políticas que regulen, desde la etapa precontractual, hasta durante y después de la relación laboral, el tema referente a la no discriminación por responsabilidades familiares, y adicional para que sean tomadas en cuenta las necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social.

Para más información o asesoría, ERP Lawyers & Associates pone a disposición su equipo de Derecho Laboral. Contáctenos y con gusto le atendemos. http://www.erplawyers.com/contactenos/

El Aguinaldo en la Empresa Privada

Posted on

El aguinaldo, al igual que las vacaciones, constituye un derecho indiscutible e irrenunciable para los trabajadores en Costa Rica, y es así como la ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de la Empresa Privada, Ley No. 2412, establece y regula todo lo pertinente a este “salario adicional” que debe de pagar todo patrono a sus colaboradores, cualquiera que sea la actividad, dentro de los primeros veinte días de diciembre de cada año.

Dicho beneficio debe ser calculado con base en el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios (horas extra y cualquier otro pago salarial que se haya realizado en el período – debe tomarse en cuenta el “salario en especie”) devengados por la misma persona, durante los doce meses anteriores, calculados a partir del primero de diciembre de cada año, y hasta el el 30 de noviembre del siguiente año, para posteriormente ser dividido entre 12 (meses del año). Lo anterior no debe incluir lo concerniente a los periodos de incapacidad (solamente lo pagado por el patrono durante dicho período), ni a los permisos sin goce de salario, pero sí lo recibido durante los cuatro meses de licencia por maternidad, si lo hubiera. El aguinaldo se debe de pagar completo, es decir, no se le deben de aplicar deducciones (tributarias o cargas sociales), excepto lo correspondiente a pensión alimentaria, si la hubiera. En caso que el trabajador no haya cumplido el año de trabajo, se debe sumar lo devengado durante el tiempo laborado y dividirse entre doce.

En caso de que el patrono no pague el aguinaldo, se atrase o lo pague incompleto, se tendrá como una retención indebida del salario y una falta grave a las obligaciones del contrato, facultando al trabajador a dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal; y adicional, el patrono se podrá hacer acreedor de una multa que va de un salario base hasta veintitrés salarios bases, según está establecido dentro de la Reforma Laboral Procesa, y la determinará el Juez según los perjuicios que haya causado.

 

En caso de que como Patrono o Trabajador requiera de asesoría legal en materia laboral, ERP Lawyers le ofrece un equipo profesional con amplia experiencia en dicha área. Contáctenos que con gusto les brindamos nuestros servicios.

 

 

NOTA: Este artículo, que tiene como base la normativa de Costa Rica, se emite con fines informativos, no para asesorar. Es publicado por: ERP LAWYERS & ASSOCIATES.

Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad

Posted on

El 30 de agosto del 2016 fue publicada, en el Diario Oficial La Gaceta, la ley #9379 denominada “Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”. Dicha ley fue puesta en vigencia para sustituir la insania, y tiene como objetivo promover y asegurar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno del derecho a su autonomía personal. A raíz de esto, se crea la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, y la figura de la asistencia personal humana para potenciar esa autonomía.

Dicha ley indica que es el Estado el que procurará que la persona con discapacidad tenga acceso a la figura del garante y la asistencia personal humana, siempre y cuando esa persona, por su condición de discapacidad, requiera apoyo para el ejercicio pleno de su autonomía personal. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su capacidad de actuar; además, la titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos.

El proceso que se debe interponer para poder tener acceso a este tipo de figura jurídica se llama salvaguardia, y deberá ser presentado ante el Juzgado de Familia que corresponda. Podrán accionar ante el Juzgado de Familia, para solicitar la salvaguardia, la misma persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Excepcionalmente, cuando por la propia condición de discapacidad se complique la gestión, podrán solicitar la salvaguardia los familiares de la persona con discapacidad, y a falta de familiares, cualquier institución u organización no gubernamental que le brinde servicios o apoyos a la persona con discapacidad.

Sobre el garante.

La persona que sea designada como garante de la persona con discapacidad, tiene una serie de obligaciones que debe cumplir, para que dicha figura sea útil. El garante no debe actuar sin considerar los derechos, la voluntad y la capacidad de la persona con discapacidad, ya que no se trata de que el garante tome decisiones propias, sino que asista a la persona con discapacidad y la ayude a tomar la mejor decisión. Deberá también el garante asistir a la persona con discapacidad en la toma decisiones en el ámbito legal, financiero y patrimonial; siempre tomando en cuenta la posición de la persona que se asiste.

La asistencia personal humana.

            Esta figura tiene como finalidad el poder contribuir con el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. El asistente personal humano trabajará y contribuirá basado en un plan individual de apoyo. Este plan determina el tipo de soporte que requiere la persona con discapacidad a la hora de realizar las actividades básicas de su vida diaria.

Para la determinación del tipo de apoyo, su intensidad y cantidad de horas brindadas, dicho plan será elaborado por la persona con discapacidad o en conjunto con otra persona y deberá ser avalado por el personal técnico y profesional del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

En ERP Lawyers & Associates puede encontrar un equipo especializado en derecho de familia. Contáctenos y solicite asistencia personalizada en este y cualquier otro tema que requiera.

Aspectos básicos del nuevo Código Procesal Civil

Posted on

Este 8 de octubre del 2018, entra en vigor el Nuevo Código Procesal Civil (NCPC), ley número 9342, la cual deroga casi en su totalidad el actual (CPC) y modifica importantes institutos procesales que se adaptan a la dinámica de un sistema procesal oral.

Esta característica de la oralidad e inmediatez implica uno de los pilares de la reforma en el proceso civil, fomentando así el cumplimiento de principios como el de inmediación, concentración y publicidad. Lo anterior no exime que existirán etapas que se llevarán a cabo en forma escrita o digital sin embargo, solo serán objeto de documentación las reconocidas por el mismo Código y los que dada su naturaleza deben constar de dicha forma.

Principales cambios y novedades: El Nuevo Código Procesal Civil se encuentra dividido en dos libros. El Libro Primero regula todo lo relacionado a disposiciones generales aplicables a todos los procesos; por ejemplo, los principios, las normas y sujetos procesales, la competencia, las partes, los actos procesales, los actos de parte, los actos del tribunal, los plazos, la actividad procesal defectuosa y forma de subsanación, la suspensión del procedimiento, la prueba, las audiencias orales, las formas extraordinarias de conclusión del proceso, las resoluciones judiciales, los medios de impugnación, la repercusión económica de la actividad procesal, la tutela cautelar y normas procesales internacionales; y en el Libro Segundo se establecen y regulan en sí todos los tipos de procesos (Ordinario, Sumario, Monitorios, Ejecución, Tercerías, Sucesorios, Actividad Procesal no Contenciosa).

 

Medios de impugnación: En el Capítulo IV del Nuevo Código Procesal Civil, se regulan los medios para recurrir las resoluciones judiciales, estableciendo una lista taxativa de casos; creándose un sistema de impugnación limitada para evitar de esta manera el alargue innecesario de los procesos judiciales; es decir, se limitan las actuaciones que se encuentran sujetas a un Recurso de Revocatoria, de Apelación, de Casación o de Revisión.

El Recurso de Casación será “contra sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables y en los supuestos que la ley señale expresamente”. (Artículo 69.1 NCPC)

Adicional, se regulan los procesos de Conocimiento (Ordinario, Sumario y Monitorio) los Incidentales, el proceso Sucesorio, el de Ejecución, Tercerías y Procesos No Contenciosos, se elimina por completo el procedimiento Abreviado.

Tanto la Ley de Cobro Judicial como la Ley Monitoria Arrendaticia quedan derogadas con este Nuevo Código Procesal Civil, como se detallará más adelante.

PROCESO ORDINARIO: El proceso Ordinario se encuentra regulado a partir del artículo 101 del NCPC, manteniendo la misma línea del actual CPC, donde todas aquellas pretensiones que no tengan un procedimiento expresamente señalado por la ley, se deberá tramitar por medio del proceso Ordinario.

El plazo de contestación de la demanda y reconvención mantienen los mismos 30 días que el antiguo CPC.

Una vez transcurrido el plazo de los 30 días, el Juez, bajo su criterio o en virtud de la naturaleza del proceso o porque no existe prueba que evacuar, podrá prescindir de la convocatoria de una audiencia, o bien tramitar el proceso en una sola audiencia.

De ser necesario, el Juez deberá de convocar a audiencia preliminar en donde se deberá de cumplir con una serie de etapas, entre las que se encuentran: Informe a las partes sobre el objeto del proceso, conciliación, contestación del actor o reconventor de las excepciones opuestas, fijación del objeto del debate, admisión y práctica de pruebas, entre otras.

Una vez terminada la audiencia preliminar, de ser posible por la naturaleza del proceso y circunstancias del proceso, se prescindirá de convocar a una audiencia complementaria y se dará oportunidad a las partes de formular conclusiones, y finalmente se dictará una sentencia.

En caso de ser necesario, una vez terminada la audiencia preliminar, el Juez podrá convocar una audiencia complementaria en el plazo de 20 días siguientes a la audiencia preliminar, salvo que se establezca, de manera justificada, un plazo mayor.

PROCESO SUMARIO: A diferencia del proceso Ordinario, y siguiendo bajo la misma línea del anterior CPC, el NCPC establece una lista taxativa de aquellos procesos que deberán de tramitarse bajo las disposiciones del proceso Sumario reguladas en el artículo 103.1 del NCPC, entre estos los procesos Interdictales, el derribo, el desahucio, las derivadas de un contrato de arrendamiento (con excepción de falta de pago de la renta y servicios públicos), entre otros.

 

Para la contestación de la demanda el plazo de cinco días se mantiene, al igual que el plazo para oponer excepciones previas, las cuales y para todos los procesos que regula el NCPC, deberán de alegarse al momento de la contestación de la demanda (Art. 37.2 NCPC).

Respecto a la audiencia del proceso Sumario, el Juez, a su criterio y dependiendo de la naturaleza del proceso y las circunstancias de este, podrá señalar una única audiencia con el fin de recibir y evacuar las pruebas respectivas. Asimismo, al igual que en el proceso Ordinario, el Juez deberá de cumplir con las etapas de la audiencia descritas en el artículo 103.3 del NCPC.

Las anteriores características son algunas de las disposiciones generales que regulan el proceso Sumario; sin embargo, existen procedimientos específicos cuando las pretensiones sean relacionadas por ejemplo a un desahucio, interdictos, suspensión de obra nueva, derribo, jactancia, y otros.

PROCESO MONITORIO: Con la entrada en vigencia del NCPC la actual Ley de Cobro Judicial y la Ley Monitorio Arrendaticio quedan derogadas, en razón de incorporarse sus regulaciones al NCPC, por lo que se procederá con el proceso Monitorio para el cobro de deudas dinerarias (con fuerza ejecutiva o sin ella),  como por ejemplo el proceso Monitorio Arrendaticio originado de una relación de arrendamiento por la falta de pago de la renta, vencimiento, falta de pago de servicios públicos y falta de pago en cuotas condominales, siempre y cuando la obligación de pago de este último concepto le corresponda al inquilino según lo acordado en el contrato de arrendamiento.

 

Como principal diferencia con el anterior CPC, podemos notar que el plazo concebido en la resolución intimatoria que ordena a la parte accionada a acogerse u oponerse a la pretensión solicitada por la parte actora, es ahora de 5 días, y no de 15 días como se estable en la Ley de Cobro Judicial y la Ley Monitorio Arrendaticio, acortando considerablemente los plazos del proceso.

PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y PRENDARIA: Las ejecuciones hipotecarias y prendarias se encuentran reguladas en el NCPC a partir del artículo 166. Mantiene prácticamente la base del proceso de ejecución hipotecaria y prendaria que conocemos con la Ley de Cobro Judicial. Las oposiciones, al igual que el Proceso Monitorio para el cobro de deudas dinerarias y el Proceso Monitorio por desahucio por los motivos ya indicados, mantienen la estructura de oposición limitada, las cuales son taxativos, por ejemplo, para la Ejecución Hipotecaria y Prendaria, solo se admitirá la falta de exigibilidad, el pago comprobado y la prescripción, oposiciones que deberán de interponer el accionado por la vía incidental, en un plazo máximo de 5 días después de notificado.

 

Con lo que respecta al remate de bienes en este tipo de procesos, se mantiene la línea de la anterior Ley de Cobro Judicial, sólo que con algunos cambios; por ejemplo, el artículo 159 del NCPC indica que el remate se podrá verificar cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde el día siguiente a la primera publicación del edicto y la notificación de todos los interesados, a diferencia de la actual Ley de Cobro Judicial que establecía un plazo de 8 días hábiles.

En conclusión, podermos afirmar que el objetivo primordial de esta reforma es alcanzar una justicia más célere, oportuna y transparente.

Las audiencias de conciliación temprana en pensiones alimentarias

Posted on

Cuando hablamos de pensiones alimentarias, muchas personas piensan que es un monto impuesto por un tercero (Juez) y simplemente debe pagarse, sin objeción alguna. Hace unos años atrás, los Juzgados correspondientes recibían la solicitud y los Jueces fijaban una cuota de pensión provisional, tomando en cuenta únicamente lo que manifestaba y presentaba la persona que interponía la demanda. La persona demandada, en ese momento, solo tenía la opción de presentar un recurso de apelación; sin embargo, mientras se tramitaba esa apelación, estaba obligado a depositar el monto que se le había fijado.

La Ley de Pensiones Alimentarias menciona que la conciliación puede llevarse a cabo en cualquier etapa del proceso; sin embargo, no establece expresamente una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso, como lo está llevando a cabo el Poder Judicial en este momento. Al consultar el tema con varios Jueces, nos indicaron que esta audiencia es una medida institucional, que se estableció hace ya tres años para no fijar un monto de pensión provisional que fuese desproporcionado.

¿En qué consiste la audiencia de conciliación temprana?

La audiencia de conciliación temprana se da justo después de presentada la demanda de pensión alimentaria, se le comunica vía telefónica a la persona demandada que existe un proceso de pensión alimentaria y se le invita a participar en la audiencia de conciliación temprana. Si la persona dice que no, se le da curso a la demanda, fijándose un monto provisional de pensión, tal como se hacía antes de implementarse estas audiencias.

Si la persona demandada accede a participar, se le cita a una audiencia, normalmente dentro de los diez (10) días siguientes a la llamada. En dicha audiencia no se discutirá sobre el fondo del asunto, tal y como ocurre con cualquier otra audiencia de conciliación. Este es un espacio idóneo para que la persona que solicita pensión exponga sus gastos y necesidades; además, la persona obligada al pago podrá también exponer sus obligaciones y posibilidades económicas para intentar llegar a un acuerdo de un monto que sea justo, tanto para quien recibe el dinero, como para quien está obligado a pagarlo.

Es importantísimo indicar que la llamada telefónica que realiza el Juzgado en ningún momento sustituye la notificación; por lo tanto, si no se accede a la audiencia, deberá la persona demandada esperar a que se le notifique personalmente, o en su casa de habitación.

¿Hay desventajas con la audiencia de conciliación temprana?

En principio, la audiencia de conciliación temprana no presenta ninguna desventaja, más bien resulta favorable para la parte demandada, ya que es una posibilidad que tiene para lograr un monto de pensión alimentaria que se encuentre acorde a sus ingresos y obligaciones. Sin embargo, en la práctica, si hay varios aspectos que ponen al demandado alimentario en una situación de desventaja con respecto a aquella persona que está requiriendo los alimentos.

Cuando el demandado alimentario recibe la llamada telefónica por parte del Juzgado, le dicen que no es obligatorio llevar un abogado, ya que es simplemente una audiencia de conciliación, y cuando éste llega a la audiencia, se topa con que la otra parte si tiene un abogado representándolo, lo que provoca que la parte que acude sin representación, muchas veces termina aceptando un acuerdo que no es razonable, o que no está dentro de sus posibilidades económicas.

La mejor opción siempre, para ambas partes, es contratar un abogado para acudir a cualquier audiencia, porque es común ver como las personas que llegan sin representación legal, terminan aceptando acuerdos imposibles de cumplir.

ERP Lawyers & Associates: Expertos en pensiones alimentarias

Si usted requiere de asesoría legal en el área de pensiones alimentarias y derecho de familiaERP Lawyers & Associates   le ofrece un equipo de abogados especializados y con amplia experiencia en esta materia. Contáctenos y reciba asesoría legal personalizada.

ERP COSTA RICA LAWYERS