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REGISTRO DE ACCIONISTAS

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¿Qué es el Registro de Accionistas?

Creado como un mecanismo para proveer al Estado de más herramientas para combatir el fraude fiscal, se creó mediante el Decreto No. 41040-H el “Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”. Este Registro se elaborará mediante la información que, de forma obligatoria, deberán proporcionar ciertos sujetos, catalogados por Ley como obligados, sobre quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales (personas físicas), siempre y cuando su participación dentro de las personas jurídicas sea sustantiva.

El beneficiario final o efectivo es aquella persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona o estructura jurídica de manera que cuente con la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios, tenga el derecho de designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión; o que posea la condición de control de esa empresa en virtud de sus estatutos.

¿Quiénes son los obligados?

Según este Reglamento, están obligados a presentar la información las personas jurídicas (sociedades mercantiles), otras estructuras jurídicas (cualquier integración o asociación cuya organización se realiza sobre bases legales), los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro y todos los fideicomisos privados, incluyendo los que son elaborados por entidades financieras.

El objetivo final del Registro de Accionistas es controla el uso de estas figuras que podrían ser utilizadas para ocultar la verdadera capacidad económica de la persona física, eludiendo así la gestión, fiscalización y recaudación de los tributos.

¿Cómo se construye este Registro?

La información deberá ser brindada de forma anual (del 01 al 30 de abril), con un plazo extraordinario de 15 días hábiles para brindar la información, cada vez que se realice un cambio en la composición accionaria o de beneficiarios finales, en el tanto la participación de estos dentro de la entidad sea igual o superior al 15% de la totalidad del capital.

Este Registro debió haber entrado en vigencia en marzo del presente año, sin embargo, el Ministerio de Hacienda otorgó una prorroga de seis meses para brindar los datos, trasladando la fecha a setiembre del 2019, siendo por primera y única vez escalonado por meses, de acuerdo al último dígito de la cédula jurídica, de esta forma, a modo de ejemplo, una sociedad anónima cuya cédula jurídica termine en 0 y en 1, tendrá que completar la información en el Registro a partir de setiembre, las cédulas jurídicas terminadas en 2 y 3, deberán hacerlo en octubre y así sucesivamente en grupos de dos, hasta concluir en enero del 2020 con aquellas entidades cuyo número de cédula jurídica finaliza en 8 y 9.

La información que brinden las estructuras jurídicas tendrá carácter de declaración jurada y obligatoriamente será suministrada por el responsable del sujeto obligado, definido por el Reglamento (representante legal para personas y estructuras jurídicas, el fiduciario en el caso de los fideicomisos, representante legal o mandatario para administración de recursos de terceros y el presidente o representante, cuando se trate de organizaciones sin fines de lucro).

¿Cómo se lleva a cabo el control de los sujetos obligados?

El control puede ser directo o indirecto:

  • Directo: Cuando la persona física posee acciones o participaciones suficientes para controlar la persona o la estructura jurídica nacional.
  • Indirecto: El control que se tiene sobre la persona jurídica que, a su vez, tiene participación en la persona o estructura jurídica nacional.

Si la participación accionaria le pertenece a una entidad jurídica extranjera, en caso de que fuese imposible identificar al beneficiario final, siempre que no hayan motivos de sospecha, se presumirá que el beneficiario final es el administrador (persona física que ejerce la representación legal de la persona jurídica domiciliada en el extranjero, según el Reglamento).

Adicionalmente, se deberán adjuntar los respectivos documentos oficiales que se generen en el país extranjero y que demuestren la imposibilidad de identificar a los beneficiarios finales, ya sean certificaciones emitidas en registros de transparencia ubicados en el país de origen, certificación de estatutos o cualquier otro documento válido, mediante los cuales se haga constar que no se cuenta con la información de quienes son los beneficiarios finales, o bien, que el capital social se compone de títulos al portador.

¿Obligaciones a terceros?

Con la entrada en vigencia del registro de accionistas, se establece una nueva obligación para los Notarios Públicos de consignar en cualquier documento que involucre a una persona o estructura jurídica obligada, a informar sobre sus accionistas y beneficiarios finales, cuando dichos obligados no hayan cumplido con el suministro de información al registro.

Es decir, antes de emitir algún documento sobre un sujeto obligado, los Notarios deberán verificar la lista de sujetos que no han cumplido con el suministro de información que establece la Ley y que el Banco Central creará para tal fin, para poder consignar en los documentos a emitir, que el sujeto obligado se encuentra dentro de la lista de incumplidores, pudiendo acceder a esta lista por medio de su firma digital y, para verificar la condición de Notario, el Registro confirmará la información en tiempo real ante la Dirección Nacional de Notariado.

Además, el Registro Nacional no inscribirá ni emitirá ningún documento relacionado con los sujetos obligados por la Ley que se encuentren en la lista de incumplidores.

¿Qué pasa si no suministro la información?

Además de lo ya mencionado, en caso de incumplimiento, habrá una sanción del 2% de los ingresos brutos en el impuesto sobre la renta del sujeto pasivo del período fiscal inmediato anterior, con un mínimo de 3 y con un máximo de 100 salarios base (¢1,300,000.00 y un máximo de casi ¢45,000,000.00); también, el sujeto obligado incumplidor, aparecerá en la lista pública de omisos.

En caso de alguna duda o asesoría en cuanto a este tema, o cualquier otro tema relacionado a sociedades o derecho de empresa, no dude en ponerse en contacto, que nuestros expertos le asistirán. http://erplawyers.com/contactenos/

Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística

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El pasado martes 02 de abril, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, con la cual se califica de interés público la movilidad integrada y la seguridad del ciclista. Mediante el decreto legislativo 9960, se busca incentivar el uso de la bicicleta como un medio de transporte para el trabajo o la recreación. Esta ley forma parte de los esfuerzos gubernamentales para mejorar la circulación vial y, de paso, reducir la emisión de partículas contaminantes provenientes de los vehículos.

Con esta nueva ley, también se busca incentivar a la empresa privada y a los gobiernos locales para que promuevan la utilización de bicicletas como medio de transporte a nivel nacional.

 

¿Cuales beneficios establece la nueva ley?

Entre algunas de las medidas que establece la nueva ley, destaca la apertura de incentivos fiscales para las empresas que desarrollen infraestructura para bicicletas o las adquieran para el uso de sus empleados o funcionarios, específicamente mediante la deducción de esos gastos en sus declaraciones de renta, siempre y cuando dichas empresas estén al día en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Caja Costarricense del Seguro Social.

También, en el ámbito municipal, la ley otorga la posibilidad para que cada municipalidad pueda promover la existencia de sistemas públicos de alquiler de bicicletas que respondan a la necesidades de los usuarios de la zona, los cuales podrían estar sujetos a convenios de concesión para prestar el servicio.

 

¿Existe obligación del Estado de proporcionar facilidades dentro de la ley?

Por otro lado, la ley declara la actividad ciclística de interés público y obliga al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) a trabajar en planes cantonales de movilidad integrada y seguridad del ciclista. También establece que cada municipio deberá organizar actividades anuales para conocer sobre posibles intervenciones y proyectos en beneficio de los ciclistas, para las que deberán tomarse en cuenta estudios técnicos si están relacionados con los objetivos de la ley.

De igual manera, también se obliga a que toda obra de infraestructura nueva en materia vial deba contemplar los objetivos de la ley, de modo que mejoren las condiciones con nada nueva obra, a través de ciclovías, carriles compartidos, tramos independientes, pasos peatonales, cojines reductores de velocidad, desviadores de tránsito de paso y parqueos, entre otros. Se establece que los parqueos públicos deberán reservar un puesto para bicicletas por cada diez puestos para automóviles y que la tarifa a cobrar será por períodos de 15 minutos y no por hora.

 

¿Se establece alguna protección al ciclista en carretera?

De ahora en Adelante, para adelantar a un ciclista, se debe respetar una distancia mínima de 1,5 metros entre el vehículo y la bicicleta; para realizar la maniobra, se debe disminuir la velocidad, invadir de forma parcial o total el carril contrario, tal y como se hace con cualquier otro vehículo, respetando siempre la señalización vertical y horizontal y que no venga ningún otro vehículo en sentido contrario, incluyendo peatones o ciclistas.

También, la persona ciclista tendrá el derecho de circular por el centro del carril, como cualquier otro vehículo, con el fin de garantizar su seguridad. De igual forma, queda prohibido a los ciclistas circular por vías donde la velocidad permitida sea igual o mayor 80 km/h y que no existan ciclovías, esto con el fin de salvaguardar su integridad.

Sin duda, todos debemos adaptarnos a las nuevas normas que rigen en carretera en cuanto a los ciclistas, ya que la nueva ley se promulga buscando una mayor seguridad para las personas ciclistas, tomando en cuenta su vulnerabilidad en carretera.

Si tiene alguna consulta acerca de la nueva ley, o sobre cualquier aspecto legal, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Pérdida y suspensión de la patria potestad

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La autoridad parental, o mejor conocida como patria potestad, es una potestad familiar irrenunciable, temporal, relativa y no transable, en donde sólo una Autoridad Judicial competente o la muerte del titular de dicha potestad pueden dar fin a la misma. Esta autoridad la ejercen el padre y la madre de la persona menor de edad, la cual comprende, además de la representación legal y administración de bienes, el derecho y deber de guardarles, por lo que podemos decir que tal autoridad es producto de la situación familiar.

 

¿Puedo perder la autoridad parental?

La autoridad parental, como todo, está expuesta a abusos por parte de sus titulares (padre y madre), lo que conlleva a la suspensión de dicha representación. En sí, la autoridad parental termina con:

  • El matrimonio o mayoría de edad adquirida;
  • La muerte de quienes la ejerzan;
  • Una declaratoria judicial de abandono; y,
  • Una violación, abusos deshonestos, corrupción o lesiones graves o gravísimas de la persona menor de edad, por parte de quienes la ejercen.

De igual manera, la autoridad parental puede suspenderse o modificarse, a juicio de la Autoridad correspondiente, y siempre atendiendo el interés superior de la persona menor de edad por:

  • La ebriedad habitual, el uso indebido de drogas, el hábito de juego (juegos de azar) de forma que perjudique el patrimonio familiar, las costumbres depravadas y la vagancia comprobada de los padres;
  • La dureza excesiva en el trato que los padres dieren a sus hijos;
  • La negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, dedicarlos a la mendicidad o permitir que deambulen en las calles;
  • El delito cometido por uno de los padres contra el otro, o contra alguno de sus hijos, y la condenatoria a prisión por cualquier hecho punible;
  • La incapacidad o ausencia declarada judicialmente; y,
  • Cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso del poder, incumplimiento de los deberes familiares, o abandono judicialmente declarado de los hijos.

Como puede verse, la suspensión del ejercicio de la patria potestad se origina a raíz del incumplimiento o mal uso que le den sus titulares, en relación con sus derechos y deberes para con la persona menor de edad.

Existe, también, la posibilidad de que los titulares de la responsabilidad parental, al darse una suspensión de ésta, la puedan recuperar, siempre y cuando desaparezcan las causales que originaron su suspensión.

Es importante conocer las consecuencias de una suspensión de autoridad parental, ya que, como la misma palabra lo indica, se pierde de forma temporal la autoridad que tiene el titular sobre la persona menor de edad; además, pierde el derecho a representarlo y a administrar sus bienes durante el tiempo en que se encuentre suspendido dicho derecho.

 

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Se aprueba nueva Ley de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres

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Con el voto favorable de 46 legisladores fue aprobado en segundo debate al expediente N° 20389, Ley de promoción de la igualdad social de la mujer, que establece que las mujeres gozarán de igualdad salarial, tanto en el sector privado como en el sector público.

La ley ordena que se aplique ese derecho por un trabajo de igual valor sea que se trata de puestos diferentes de igual valor como cuando se trate de un mismo puesto o en funciones similares y bajo un mismo patrono.

Además, tiene la excepción de las trabajadoras domésticas remuneradas que laboran para varias patronas no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.

 

Políticos expresan su apoyo a ésta ley

“Un hombre y una mujer por un trabajo igual deben ganar lo mismo, porque en este país la pobreza tiene rostro de mujer, porque en muchos casos no se les contrata por el simple hecho de ser mujer”, manifestó la legisladora del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega Rodríguez.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flores-Estrada se mostró satisfecho por la aprobación de esta iniciativa, que es la primera que sale de la Comisión Especial de la Mujer. “Se plasma en la Constitución como parte de las garantías sociales. Es letra muerta en Costa Rica que, a igual trabajo, igual salario”, dijo.

La propuesta de ley crea la Comisión de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres en el sector público y privado. Esta Comisión deberá sesionar al menos dos veces al año y será la encargada de gestionar y velar porque el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) incorpore el indicador de igualdad salarial en los estudios que corresponda y que profundice sobre las variables que influyen en el ingreso monetario de las personas (por sexo, sector, zona, edad, horas trabajadas, anualidades) para identificar en su complejidad el comportamiento de las diferencias salariales por sexo.

La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz Mejía indicó que este es un avance fundamental en la equiparación entre mujeres y hombre, “es clave para cerrar brechas”.

 

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Proceso de Debida Diligencia para la Compra de Propiedades

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Sin lugar a dudas, la compra de propiedades inmuebles es una de las decisiones más importantes que tomamos los seres humanos, desde un punto de vista financiero, personal y familiar.

Para efectos de evitar una mala inversión o descalabro, y garantizarse que la propiedad que se vaya a adquirir cumpla con el fin para el cual se quiere y no tenga contingencias, es fundamental llevar a cabo el denominado Proceso de Debida Diligencia o “Due Diligence”.

Esto es, en términos generales, el proceso de investigación sobre el inmueble, para efectos de descubrir posibles riesgos ocultos que puedan perjudicar los intereses del comprador.

En ese sentido, a continuación procederemos a enunciar los principales aspectos que se deben de considerar al momento de llevar a cabo el proceso:

 

Revisión de:

Motivo

Título de Propiedad

Es fundamental ya que determinará si la persona que vende está debidamente legitimada.

Historial de Traspasos de PropiedadEs de suma importancia ya que nos ayudará a detectar cualquier irregularidad en traspasos anteriores que pudiese afectar la tenencia pacífica del inmueble.
Revisión de anotaciones Es fundamental para determinar cuales son las afectaciones a la propiedad.
Revisión de gravámenesNo necesariamente tenemos que descartar una propiedad cuando presente gravámenes. El estudio de estos nos indicará si el asunto se puede resolver o no
Revisión de plano catastrado

Nos confirmará la medida de la finca. Cuando el plano es muy antiguo se recomienda contratar un perito que haga un levantamiento para que confirme las medidas. Igualmente, se puede solicitar una Certificación de “Zona Catastrada”, emitida por el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional.

Certificación de Impuestos Municipales  

La propiedad responde por las deudas municipales, por lo que se deben de mantener en todo momento al día.

Certificación de Uso de Suelo 

Si no hay construcciones. Nos indicará si dicho inmueble puede cumplir el propósito para el cual se pretende adquirir. Por ejemplo: Que se pueda construir un condominio; que se pueda establecer un negocio., etc.

Listado de Utilidades y comprobantes de pagos

Es importante confirmar que la propiedad se recibe siempre sin deudas, o que se tenga conocimiento de estas y que se acepten en la compraventa.

 Inventario de Pozos

Cuando existan pozos será importante confirmar que los permisos se encuentren al día.

 Visita a la Propiedad

Una visita a la propiedad siempre será elemental. De la misma pueden surgir o descartarse cualquier cantidad de inquietudes.

Revisión de Plan ReguladorMismo motivo que la Certificación de Uso de Suelo
Identificación de posibles contingencias ambientales Es importante verificar que la propiedad no se encuentre afectada por temas ambientales que impidan o limiten su explotación.
Confirmación de que propiedad no se encuentre afectada por leyes especiales

Es importante verificar que la propiedad no se encuentre afectada leyes especiales que impidan o limiten su explotación.

Es importante aclarar que cada caso tiene sus particularidades, por lo que esta lista no es taxativa. Cuando se cuente con toda la información, se procede con la elaboración de un reporte formal y sustentado, por medio del cual se recomendará o no el negocio de compraventa del inmueble.

En ERP Lawyers le recomendaremos siempre llevar a cabo el proceso para efectos de garantizar la inversión, o al menos asumir los riegos de una manera informada. Bajo ninguna circunstancia se aconseja proceder con el negocio sin dicha investigación.

Si usted requiere de asesoría legal en el área de bienes raíces, ERP Lawyers & Associates le ofrece un equipo interdisciplinario de abogados con amplia experiencia en esta materia. Contáctenos y reciba asesoría legal personalizada.

 

Patronos tienen potestad de despedir teletrabajadores por abandono de labores

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El continuo avance de las tecnologías digitales ha permitido introducir cambios profundos en todos los ámbitos de la sociedad moderna. Estos cambios se han dado en la forma, los medios y lugares donde se pueden realizar los trabajos, ya que el incremento mostrado por el país en la conexión, acceso y disponibilidad de los equipos terminales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos, han permitido que los nuevos esquemas laborales apoyados en el uso de las tecnologías digitales, estén presentes en todas las organizaciones públicas, privadas, y personas que trabajan de forma independiente.

Dentro de este marco surge la figura del Teletrabajo, por medio del cual se busca apoyar los procesos de modernización organizacional, el aumento en la productividad, la mejora en la calidad de los servicios, la reducción de costos, la inclusión social, el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, la movilidad urbana y la protección al medio ambiente; sin embargo, figura que a hoy en Costa Rica no se encuentra regularizada – actualmente en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley (19.355) para regular de forma puntual el control del teletrabajo, pero se encuentra en trámite.

A pesar de lo anterior, los patronos tienen la facultad de despedir a sus teletrabajadores por abandono de labores o que se ausenten sin ninguna justificación, cuando se encuentren realizando las funciones mediante dicha modalidad del teletrabajo; así lo determinó la Sala Segunda de la Corte Suprema en su resolución 539-2018, la cual fue dada a conocer este jueves 21 de febrero por el Poder Judicial.

 

¿En que se apoya el despido a el teletrabajador?

El proceso laboral lo inició el trabajador, quien fungía como gerente de proyectos de tecnología de la información de una empresa privada y fue despedido en el 2014 porque, a pesar de que estaba ejerciendo sus funciones mediante teletrabajo, se ausentaba de sus labores.

El demandante se desempeñaba en un cargo de confianza con horario flexible, en cuyo puesto se requería una disponibilidad las 24 horas. El trabajador argumentó que cuando no estaba fuera del país, realizaba sus funciones bajo teletrabajo, para lo cual utilizaba los sistemas tecnológicos de la empresa.

Por esa razón acudió al Juzgado de Trabajo de Heredia, el cual le dio la razón y condenó a la empresa al pago de los extremos laborales de cesantía, preaviso y daños y perjuicios. Posteriormente el Tribunal de Trabajo ratificó la sentencia; sin embargo, la defensa del patrono elevó el caso a la Sala Segunda y consideró pertinente que se valorara las pruebas de las ausencias, las cuales quedaron en los registros de ingreso al sistema informático.

“Las y los magistrados concluyeron que el ingreso a la plataforma era fundamental para cumplir con las obligaciones propias del trabajo desempeñado por el actor y en los reportes quedó evidenciado que, durante los meses de diciembre de 2013 a enero de 2014, no se conectó en varios días seguidos y que en algunas ocasiones el registro solo determinó un período que podría sumar un par de horas, pero no una jornada completa”, dice el comunicado de la Corte. Por ese motivo, le dieron la razón al patrono y justificaron el despido.

“A pesar de que el actor estaba bajo la modalidad de teletrabajo, esto no impide que el patrono pueda ejercer el poder de dirección propio de su posición y las debidas sanciones concernientes a una falta grave cometida por el teletrabajador”, señaló la sentencia.

La modalidad de teletrabajo no debe significar de forma alguna una falta de control por parte del patrono ni una autorización para que el trabajador deje de cumplir las obligaciones para las que fue contratado. En este sentido, recomendamos establecer las condiciones o parámetros sobre como se ejecuta el teletrabajo en su empresa, mediante políticas que así lo regulen.

 

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Reactivación de sociedades jurídicas disueltas

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Con el objeto de brindar una nueva y última oportunidad de reactivación a aquellas sociedades disueltas por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas (2012-2015), se presentó y tramita ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley número 20749 denominado “REFORMA DEL TRANSITORIO II DE LA LEY N° 9428, IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 21 DE MARZO DE 2017”, mismo que se encuentra actualmente en la posición número cinco del orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Una vez aprobado por al menos un diputado de la comisión, el proyecto de ley sería enviado al Plenario.

El proyecto de ley establece una serie de plazos, entre las cuales indica que:

“… A las sociedades mercantiles, las subsidiarias de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que dentro de la fecha de vigencia de la presente ley y hasta el 15 de diciembre de 2018 hayan cancelado las sumas adeudadas por concepto de la Ley N.° 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011, podrán hacer el pago de los períodos adeudados a partir de los años 2012 al 2015, según la norma anteriormente citada, sin que por ello deban cancelar intereses o multas correspondientes.

Las personas jurídicas que hayan sido disueltas y que hayan cancelado las sumas adeudadas a más tardar el 15 de diciembre de 2018 podrán presentar ante el Registro Nacional la solicitud de cese de su disolución, quedando dichas personas jurídicas en la misma condición jurídica en que se encontraban antes de su disolución, con los efectos retroactivos que ello conlleva. Tendrán tiempo hasta el 15 de enero de 2019 para presentar dicha solicitud ante el Registro Nacional, luego de cancelados los montos adeudados…”, en caso de aprobarse y enviarse al plenario para discusión, evidentemente sería con fechas distintas y actualizadas a las indicadas anteriormente.

De aprobarse este proyecto, se ofrecería nuevamente una amnistía en cuanto a los intereses y multas acumulados por concepto del impuesto.

Realizada la cancelación de lo adeudado, las sociedades interesadas podrían gestionar la solicitud de cese de disolución ante el Registro Público Nacional “… quedando dichas personas jurídicas en la misma condición jurídica en que se encontraban antes de su disolución, con los efectos retroactivos que ello conlleva.”

 

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Las parejas del mismo sexo ya podrán solicitar el Bono de Vivienda

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En el mes de diciembre del 2018, nuestro presidente, el señor Carlos Alvarado Quesada, firmó una serie de decretos y directrices para garantizar a la población LGTBIQ (parejas del mismo sexo) la igualdad y paridad de sus derechos.

Los decretos son conocidos ya, como el reconocimiento de la identidad de género en el documento de identidad para la población trans (género auto percibido), la inclusión de la bifobia (odio y rechazo hacia las personas bisexuales) en el día de la homolesbotransfobia, así como la declaratoria de interés público del protocolo de hormonización.

A partir del lunes 04 de febrero, las parejas del mismo sexo que cuenten con escasos recursos podrán solicitar un bono de vivienda y programas de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, esto debido a que fue publicada la directriz en el Diario Oficial La Gaceta. Dicha directriz instruye a las instituciones estatales a brindar la ayuda social a quien la solicite, sin hacer distinción sobre si es una pareja heterosexual o una pareja del mismo sexo.

Además, el documento exige al Estado reconocer, bajo ciertas condiciones, como “núcleo familiar” aquel que sea conformado por dos hombres o dos mujeres.

Para poder optar por estos beneficios, las parejas deben haber compartido alimentos, cama y cohabitación sexual por al menos tres años ininterrumpidos. De igual manera, la relación deberá ser evidente, patente, notoria, no simultánea y fiel.

Estas regulaciones vienen de la mano del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, que ordenaron a la Asamblea Legislativa regular y normar el matrimonio igualitario, esto en un plazo de 18 meses, el cual empezó a correr el 26 de noviembre del 2018.

En caso de no hacerlo en el plazo contemplado, el matrimonio entre personas del mismo sexo será totalmente válido, y no habrían sanciones para los Notarios que realicen estos actos.

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Nueva regulación a comisiones por pagos con tarjetas

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Costa Rica propone que el Banco Central y la Comisión promuevan la competencia y fijen un único porcentaje en las comisiones que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito.

 

Las comisiones de afiliación en Costa Rica se encuentran, en su mayoría, superiores al 4% sin diferenciar entre crédito y débito, mientras que a nivel internacional la comisión de afiliación se ubica a tasas mucho menores y diferenciativas.

La proliferación de tarjetas de crédito y débito, así como el incremento en las transacciones con plástico, han generado una distorsión en la economía y en particular a los pequeños comercios, que deben pagar una cantidad importante de sus ingresos a los bancos, traduciéndose en mayores precios y afectando de igual forma a los consumidores que deben pagar ligeramente más por cada producto.

Las ganancias anuales del sistema financiero por el cobro de estas comisiones, según estimaciones de la Cámara de Comercio, son de aproximadamente $175.000.000,00 (ciento setenta y cinco millones de dólares). Por otra parte, países como en la Unión Europea se cuenta con un reglamento donde se fija un tope a las tasas de intercambio de 0.2% para tarjetas de débito y de 0.3% para las tarjetas de crédito.

En América Latina, por ejemplo México, el Banco Central revisa periódicamente el mecanismo de determinación y el nivel de las tasas de intercambio y además, los bancos deben de hacerlas públicas. Actualmente, el monto que se le cobra a los comercios es de 1.91% para tarjetas de crédito y de 1.15% para tarjetas de débito.

 

Lo que la propuesta de ley establece

El proyecto de ley número 21.177, que tiene como objetivo facultar al gobierno para regular las comisiones cobradas por las entidades financieras a los comercios, fue presentado ante la Asamblea Legislativa por varios diputados.

La propuesta establece que “… Deberá ser un único porcentaje para todos los comercios y la comisión por transacciones con tarjetas de débito deberá ser menor a la que se cobre por transacciones con tarjetas de crédito. Dichas comisiones serán revisadas y publicadas cada 24 meses por los bancos emisores.

En relación al tema María Isabel Cortés, directora de la Asociación Bancaria Costarricense dijo Crhoy.com que en la determinación de las comisiones “… influye mucho el volumen de las transacciones de cada comercio, dado que existen costos fijos importantes. La tasa de intercambio permite que los emisores tengan el incentivo para distribuir ampliamente los medios modernos de pago. Especialmente, las tarjetas de débito que, por su marginalidad, no serían posibles de servir si no existieran las tasas de intercambio adecuadas.

Cortés añadió que “… ‘La tasa de intercambio debe mantener un equilibrio; si es muy baja, no incentiva la tarea de emisión de tarjetas y la atención al tarjetahabiente y si es muy alta, no estimula la aceptación de las tarjetas como medio de pago’.

 

El objetivo de esta ley es crear el marco normativo para el establecimiento de las comisiones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito, para garantizar la promoción de la competencia, mejorar la competitividad y aumentar la trazabilidad fiscal, en beneficio de los comercios, de los consumidores y de la Hacienda Pública.

 

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