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Las parejas del mismo sexo ya podrán solicitar el Bono de Vivienda

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En el mes de diciembre del 2018, nuestro presidente, el señor Carlos Alvarado Quesada, firmó una serie de decretos y directrices para garantizar a la población LGTBIQ (parejas del mismo sexo) la igualdad y paridad de sus derechos.

Los decretos son conocidos ya, como el reconocimiento de la identidad de género en el documento de identidad para la población trans (género auto percibido), la inclusión de la bifobia (odio y rechazo hacia las personas bisexuales) en el día de la homolesbotransfobia, así como la declaratoria de interés público del protocolo de hormonización.

A partir del lunes 04 de febrero, las parejas del mismo sexo que cuenten con escasos recursos podrán solicitar un bono de vivienda y programas de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, esto debido a que fue publicada la directriz en el Diario Oficial La Gaceta. Dicha directriz instruye a las instituciones estatales a brindar la ayuda social a quien la solicite, sin hacer distinción sobre si es una pareja heterosexual o una pareja del mismo sexo.

Además, el documento exige al Estado reconocer, bajo ciertas condiciones, como “núcleo familiar” aquel que sea conformado por dos hombres o dos mujeres.

Para poder optar por estos beneficios, las parejas deben haber compartido alimentos, cama y cohabitación sexual por al menos tres años ininterrumpidos. De igual manera, la relación deberá ser evidente, patente, notoria, no simultánea y fiel.

Estas regulaciones vienen de la mano del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, que ordenaron a la Asamblea Legislativa regular y normar el matrimonio igualitario, esto en un plazo de 18 meses, el cual empezó a correr el 26 de noviembre del 2018.

En caso de no hacerlo en el plazo contemplado, el matrimonio entre personas del mismo sexo será totalmente válido, y no habrían sanciones para los Notarios que realicen estos actos.

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Nueva regulación a comisiones por pagos con tarjetas

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Costa Rica propone que el Banco Central y la Comisión promuevan la competencia y fijen un único porcentaje en las comisiones que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito.

 

Las comisiones de afiliación en Costa Rica se encuentran, en su mayoría, superiores al 4% sin diferenciar entre crédito y débito, mientras que a nivel internacional la comisión de afiliación se ubica a tasas mucho menores y diferenciativas.

La proliferación de tarjetas de crédito y débito, así como el incremento en las transacciones con plástico, han generado una distorsión en la economía y en particular a los pequeños comercios, que deben pagar una cantidad importante de sus ingresos a los bancos, traduciéndose en mayores precios y afectando de igual forma a los consumidores que deben pagar ligeramente más por cada producto.

Las ganancias anuales del sistema financiero por el cobro de estas comisiones, según estimaciones de la Cámara de Comercio, son de aproximadamente $175.000.000,00 (ciento setenta y cinco millones de dólares). Por otra parte, países como en la Unión Europea se cuenta con un reglamento donde se fija un tope a las tasas de intercambio de 0.2% para tarjetas de débito y de 0.3% para las tarjetas de crédito.

En América Latina, por ejemplo México, el Banco Central revisa periódicamente el mecanismo de determinación y el nivel de las tasas de intercambio y además, los bancos deben de hacerlas públicas. Actualmente, el monto que se le cobra a los comercios es de 1.91% para tarjetas de crédito y de 1.15% para tarjetas de débito.

 

Lo que la propuesta de ley establece

El proyecto de ley número 21.177, que tiene como objetivo facultar al gobierno para regular las comisiones cobradas por las entidades financieras a los comercios, fue presentado ante la Asamblea Legislativa por varios diputados.

La propuesta establece que «… Deberá ser un único porcentaje para todos los comercios y la comisión por transacciones con tarjetas de débito deberá ser menor a la que se cobre por transacciones con tarjetas de crédito. Dichas comisiones serán revisadas y publicadas cada 24 meses por los bancos emisores.

En relación al tema María Isabel Cortés, directora de la Asociación Bancaria Costarricense dijo Crhoy.com que en la determinación de las comisiones «… influye mucho el volumen de las transacciones de cada comercio, dado que existen costos fijos importantes. La tasa de intercambio permite que los emisores tengan el incentivo para distribuir ampliamente los medios modernos de pago. Especialmente, las tarjetas de débito que, por su marginalidad, no serían posibles de servir si no existieran las tasas de intercambio adecuadas.»

Cortés añadió que «… ‘La tasa de intercambio debe mantener un equilibrio; si es muy baja, no incentiva la tarea de emisión de tarjetas y la atención al tarjetahabiente y si es muy alta, no estimula la aceptación de las tarjetas como medio de pago’.

 

El objetivo de esta ley es crear el marco normativo para el establecimiento de las comisiones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito, para garantizar la promoción de la competencia, mejorar la competitividad y aumentar la trazabilidad fiscal, en beneficio de los comercios, de los consumidores y de la Hacienda Pública.

 

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Hacienda amplía el plazo para pago y declaración del impuesto de casas de lujo

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El Ministerio de Hacienda amplía el plazo para pago y declaración del impuesto solidario (Casas de Lujo) al 25 de enero.

El pasado 10 de enero la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda, comunicó mediante su página oficinal, que el plazo para declarar y pagar, sin recargo el impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda del período 2019, se ampliará por esta vez hasta el 25 de enero del presente año.

Lo anterior obedece a un atraso en la publicación de los tramos en el diario oficial La Gaceta, por lo que se concede una prórroga de diez días naturales, la cual rige a partir de esa misma fecha.

Esta declaración se presenta cada tres años y el pago del impuesto de casas de lujo no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

Para ese período todos los contribuyentes deben realizar la declaración para actualizar el valor de sus propiedades.

Deben cumplir esta obligación todos los propietarios de bienes inmuebles de uso habitacional, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo, incluyendo tanto las instalaciones fijas como las permanentes, cuyo valor de construcción sea mayor a ciento treinta y un millones de colones (¢131.000.000,00). Se paga sobre el valor de la construcción, más el valor del terreno en el cual se encuentra.

 

Los nuevos tramos sobre los que se genera el cálculo son los siguientes:

TramosValorTarifa
Hasta₡329.000.0000,25%
Sobre el exceso de₡329.000.000 y hasta ₡659.000.0000,30%
₡659.000.000 y hasta ₡988.000.0000,35%
₡988.000.000 y hasta ₡1.318.000.0000,40%
₡1.318.000.000 y hasta ₡1.646.000.0000,45%
₡1.646.000.000 y hasta ₡1.978.000.0000,50%
₡1.978.000.0000,55%

 

 

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Recuerde que el impuesto a las personas jurídicas se debe pagar cada año

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Nos gustaría recordarle que el impuesto a las personas jurídicas se debe pagar año tras año. El plazo para cancelar, sin intereses, es dentro de los 30 días naturales siguientes al 01 de enero de cada año.

 

Las tarifas para personas jurídicas se establecen de acuerdo con la siguiente tabla:

  • Sociedades no inscritas en el registro Único Tributario como contribuyente del impuesto sobre la renta.
  • Sociedades que se constituyan o inscriban en el transcurso del período fiscal.
  • Sociedades declarantes -no contribuyentes- en el impuesto sobre la renta

15%

  • Sociedades inscritas en el Régimen de Tributación Simplificada.
  • Sociedades inscritas como contribuyentes del impuesto sobre la renta, que declaren ingresos brutos en cero o sin activida
  • Sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos menores a 120 salarios base, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

25%

  • Sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos entre 120 y menos a 280 salarios base, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

30%

  • Sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos equivalentes a 280 salarios base o más, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

50%

 

**Salario base 2019: ¢446.200.

Quienes no cancelen esta obligación se exponen al pago de intereses y multas por parte de Tributación, que corresponde a un 1% mensual con un máximo de 20%. Además, en caso de morosidad, el Registro Nacional no emitirá certificaciones ni inscribirá documentos en favor de una sociedad morosa, y las sociedades morosas no podrán contratar con el sector público a través de licitaciones.

En caso que las sociedades no paguen el impuesto respectivo a personas jurídicas y se deja de pagar por 3 períodos consecutivos, el registro podrá disolver la sociedad de oficio y embargará los bienes que se encuentren a nombre de la sociedad, y en caso que la sociedad no tenga bienes, los representantes legales.

 

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Con el año nuevo viene una subida del salario mínimo

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Para este año 2019 y mediante el decreto No. 41434-MTSS publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se establece que, partir del 1 de enero y con vigencia de un año, el sector privado tendrá un incremento del salario mínimo del 2,96%, siendo de aplicación obligatoria para todos los salarios mínimos que establece el decreto o bien para aquellos que por práctica y derecho se ha adquirido. Adicionalmente, el aumento para las servidoras domésticas es de un 3,50%.

 

Los incrementos principales se pueden observar divididos en tres categorias:

  • Por jornada ordinaria diaria:

Trabajadores en Ocupación No Calificada      ¢10.358,55

Trabajadores en Ocupación Semicalificada    ¢11.264,17

Trabajadores en Ocupación Calificada             ¢11.471,53

Trabajadores en Ocupación Especializada      ¢13.530,38

  • Ocupaciones genéricas por mes:

Trabajadores en Ocupación No Calificada        ¢309.143,36

Trabajadores en Ocupación Semicalificada      ¢332.589,87

Trabajadores en Ocupación Calificada              ¢349.623,39

Técnicos Medios de Educación Diversificada  ¢366.380,40

Trabajadores en Ocupación Especializada        ¢392.623,14

Técnicos de Educación Superior                         ¢451.523,54

Diplomados de Educación Superior                   ¢487.662,29

Bachilleres Universitarios                                     ¢553.124,45

Licenciados Universitarios                                   ¢663.772,10 

  • Relativo a fijaciones específicas:

Recolectores de café (por cajuela)                    ¢986,27

Servicio doméstico (por mes)                            ¢190.377,39

Trabajadores de especialización superior1     ¢20.997,77 

Periodistas contratados como tales (incluye el 23% en razón de disponibilidad) (por mes)  ¢817.500,41

Estibadores por kilo de frutas y vegetales       ¢0,0711

Estibadores por tonelada                                    ¢88,00

Estibadores por movimiento                              ¢375,28

 

Como dicta el Artículo 7º— sobre Regulación de formas de pago: si el salario se paga por semana, se debe pagar por 6 días, excepto si el trabajo es realizado en establecimientos comerciales, que se pagará 7 días semanales, de conformidad con el artículo 152 del Código de Trabajo. Si el salario se paga por quincena, comprende el pago de 15 días, o si el salario se paga por mes comprende el pago de 30 días, indistintamente de la actividad, que se trate.

Los salarios determinados en forma mensual en este Decreto, indican el monto total que debe recibir el trabajador; si se paga por semana, siempre que la actividad no sea comercial, el salario mensual debe dividirse entre 26 y multiplicarse por los días efectivamente trabajados.

En el caso del salario de los empleados que cobren comisión, la persona empleadora podrá pagar el salario base x más la comisión y entre ambos deberán sumar al menos el salario mínimo establecido en el Decreto de Salarios Mínimos, de tal forma que si entre el salario que se pague más la comisión, no se llega al salario mínimo fijado por ley, la persona empleadora debe legalmente ajustar al salario mínimo; así lo establece el Código de Trabajo en sus artículos 164 y 168. En el caso de las jornadas nocturnas o mixtas, se harán las equivalencias correspondientes, a efecto, que siempre resulten iguales los salarios por las respectivas jornadas ordinarias.

En el caso de que el salario de la persona trabajadora esté por encima del salario mínimo, no es obligación de la persona empleadora hacer el aumento salarial, excepto que exista un convenio, convención colectiva, arreglo directo, costumbre o cualquier otro instrumento normativo que así lo establezca.

La persona empleadora o empresa que no pague el salario mínimo se expone a una multa de 1 a 23 salarios base, sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora de dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal, agotando previamente las instancias de solución directa con la persona empleadora o la conciliación administrativa, según proceda.

 

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Impuestos municipales a las propiedades

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De conformidad con lo establecido en la Ley No. 7509 “Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles”, se establece que los propietarios de bienes inmuebles están en la obligación tributaria de declarar el valor de sus propiedades a la Municipalidad.

Los impuestos se calcula sobre el valor de los terrenos y construcciones (en este caso el valor declarado en caso de ser aceptado por la Municipalidad será tomado como base de cálculo del impuesto), según conste en la municipalidad respectiva al día primero de enero del año en que se va a cobrar el tributo, por esta razón es que todo inmueble debe tener un valor registrado.

Existen varias formas de establecer el valor de un inmueble. La regla general es que como se indicó anteriormente, los propietarios declaren el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubica cada uno de ellos y actualizar su declaración cada cinco años.

El valor de los bienes puede modificarse en forma automática cuando se realiza una venta del inmueble por una suma mayor a la que tenía registrada la municipalidad. Lo mismo sucede si se constituye un gravamen hipotecario (ya sea hipoteca común o cédulas hipotecarias) por un valor mayor al registrado; o si se fracciona el terreno o se realizan construcciones o mejoras que representen un valor igual o superior al 20% del valor registrado.

Las municipalidades tienen la potestad de sancionar al contribuyente que no presente en tiempo las declaraciones de valor sobre sus inmuebles. La multa consiste en un monto igual a la diferencia dejada de pagar; es decir, la suma de los impuestos que no se pagaron precisamente por la omisión de actualizar el valor del bien.

Eso significa que si el contribuyente se atrasa o simplemente no declara el valor de su propiedad con la periodicidad que la ley señala, los impuestos que deje de pagar por ello al final se convertirán en una multa.

Para tal efecto, la municipalidad respectiva está facultada para realizar de oficio la valoración de los bienes inmuebles cuyo valor no declararon o no actualizaron sus propietarios. Esto como un mecanismo para que puedan recuperar la totalidad de los tributos no pagados.

 

 

En cuanto a la declaración de bienes inmuebles

La declaración de bienes inmuebles es la determinación y actualización del valor de la propiedad, mediante la cual se consideran las características del terreno y de la(s) construcción(es) que comprendan el inmueble.

Es deber del contribuyente el presentar su declaración al menos una vez cada 5 años mediante el formulario de Declaración de Impuestos sobre Bienes Inmuebles dispuesto por las Municipalidades para tales efectos.

Deben de declarar todas aquellas personas físicas o jurídicas dueña de propiedades inscritas o no ante el Registro Nacional, en caso de que se omita la obligación de presentar la declaración, la Municipalidad estará facultada para efectuar de oficio la valoración del (os) bien(es) inmueble(s) sin declarar.

El impuesto se calcula sobre el valor total del inmueble (terreno más construcción) al cual se le debe de aplicar una tarifa de 0.25, dando como resultado el monto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que corresponde a cancelar la suma de ¢2.500,00 por cada millón del valor del inmueble.

El impuesto se determina en forma anual, teniendo la facilidad de cancelarlo en su totalidad en forma adelantada, o por cuotas trimestrales, bajo el entendido que cada trimestre vencido genera los recargos por intereses correspondientes.

Si no se cancela a tiempo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se expone a que la deuda se traslade a Cobro Judicial, lo cual le acarrearía otros cargos por costas y honorarios de abogados, así como que se imponga gravamen por hipoteca legal preferente sobre la propiedad y un eventual remate de la propiedad.

 

 

Exoneración

Para el 2019, se estableció en la suma de ¢446.200,00 el salario base del Oficinista 1 según la referencia de puestos del Poder Judicial, el cual sirve de parámetro para la determinación del valor que cada año le permite a las personas físicas que tienen solamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades respectivas la exoneración del impuesto territorial que les corresponde pagar.

Así indica el artículo 4 de dicha norma:

Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto

No están afectos a este impuesto: (…)    e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma (…)”

Por consiguiente, si se multiplica cuarenta y cinco por el salario base establecido para este 2019 (¢446.200,00) constatamos que no tendrán que pagar impuesto a la propiedad sobre bienes inmuebles, las personas con único bien inscrito con un valor fiscal inferior a ¢20.079.000,00 (veinte millones setenta y nueve mil colones)

Asimismo, aquellos bienes que, no obstante, constituyan bien único pero su valor exceda del monto indicado, deberán, pagar el impuesto correspondiente pero calculado sobre el exceso de la suma indicada.

 

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Impuesto Solidario a propiedades de lujo en Costa Rica

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El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (ISO), o “impuesto a las casas de lujo”, como popularmente se le conoce, se encuentra al cobro desde el pasado 01 de enero y el plazo para declarar y pagar termina el próximo 15 de enero. Deben pagarlo los propietarios de todos los inmuebles con valores superiores a los ¢129.000.000,00 (ciento veintinueve millones de colones) y recae sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo, incluyendo las instalaciones fijas y las permanentes.

Por medio del decreto ejecutivo No. 40786-H, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 22 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda actualizó y estableció los tramos para la determinación del impuesto creado, los cuales rigen desde el 01 de enero de 2018, mismos que al momento de publicación de este articulo serían los que se encuentren vigentes para el 2019, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Ley Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda No. 8683, que indica: “(…) La Administración Tributaria deberá publicar los parámetros de valoración establecidos en la presente Ley, en los medios, escritos o electrónicos, que considere oportunos, cuarenta y cinco (45) días antes del inicio de cada período fiscal.  En caso de no publicarlos, se aplicarán los parámetros de valoración utilizados en el período anterior”, sin embargo, cualquier notificación que realice dicha Entidad al respecto deberá de considerarse.

 

Con base en lo anterior, los tramos para la aplicación del impuesto se detallan de la siguiente manera:

ESCALÓN                                                                    TARIFA A APLICAR

Hasta ¢323.000.000,00                                                                             0,25%

Sobre el exceso de ¢323.000.000,00 y hasta ¢647.000.000,00       0,30%

Sobre el exceso de ¢647.000.000,00 y hasta ¢970.000.000,00       0,35%

Sobre el exceso de ¢970.000.000,00 y hasta ¢1.295.000.000,00    0,40%

Sobre el exceso de ¢1.295.000.000,00 y hasta ¢1.617.000.000,00 0,45%

Sobre el exceso de ¢1.617.000.000,00 y hasta ¢1.943.000.000,00 0,50%

Sobre el exceso de ¢1.943.000.000,00                                                   0,55%

 

Cada 3 años se debe presentar una declaración jurada que actualice el valor fiscal del bien inmueble y el impuesto se cancela de manera anual.  De resultar superior al valor registrado por la administración, el nuevo valor declarado modifica automáticamente la base imponible aplicable para el período fiscal en que se declara.

Cuando el bien inmueble objeto de este impuesto pertenezca a varios copropietarios, estos deberán de declararlo en forma conjunta.

En caso de traspaso de la propiedad del bien inmueble, el nuevo propietario será el responsable solidario del pago del impuesto del período fiscal vigente a la fecha de adquisición, así como de los intereses correspondientes.

La omisión en la presentación de la declaración tendrá una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario base (¢223.100,00), asimismo, el incumplimiento en la cancelación o pago tardío de ese impuesto se sanciona con el uno por ciento mensual (o fracción de mes) sobre el monto dejado de cancelar, además, de una tasa de interés del 12,56 por ciento sobre ese mismo monto.

 

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Aprobación del convenio sobre la Igualdad de Oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras

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Igualdad de oportunidades para Trabajadores con responsabilidades Familiares (Convenio 156)

El pasado 06 de setiembre del año en curso, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Convenio sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares (Convenio 156), mediante la Ley No. 9608, la cual fue publicada el pasado 05 de diciembre, misma que ha sido aprobada ya por 44 países.

El convenio compromete a cada país firmante a incluir, entre los objetivos de su política nacional, el permitir a los trabajadores y a las trabajadoras (aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores) con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, o inclusive con respecto de otros miembros de su familia directa, que de manera evidente necesiten de su cuidado o sostén, que desempeñen o deseen desempeñar su derecho a un empleo, sin ser objeto de discriminación y sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

En este sentido, incluye una serie de recomendaciones, como la adaptabilidad de horarios laborales para las personas con responsabilidad familiar, la necesidad de involucrar a los hombres en el cuido de las niñas y los niños, y la creación de licencias parentales posteriores a la licencia por maternidad, que puedan ser solicitadas tanto por mujeres como por hombres.

De acuerdo con lo anterior, recomendamos a las Empresas incorporar o adecuar desde ya dentro de sus normas internas, políticas que regulen, desde la etapa precontractual, hasta durante y después de la relación laboral, el tema referente a la no discriminación por responsabilidades familiares, y adicional para que sean tomadas en cuenta las necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social.

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El Aguinaldo en la Empresa Privada

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El aguinaldo, al igual que las vacaciones, constituye un derecho indiscutible e irrenunciable para los trabajadores en Costa Rica, y es así como la ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de la Empresa Privada, Ley No. 2412, establece y regula todo lo pertinente a este “salario adicional” que debe de pagar todo patrono a sus colaboradores, cualquiera que sea la actividad, dentro de los primeros veinte días de diciembre de cada año.

Dicho beneficio debe ser calculado con base en el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios (horas extra y cualquier otro pago salarial que se haya realizado en el período – debe tomarse en cuenta el “salario en especie”) devengados por la misma persona, durante los doce meses anteriores, calculados a partir del primero de diciembre de cada año, y hasta el el 30 de noviembre del siguiente año, para posteriormente ser dividido entre 12 (meses del año). Lo anterior no debe incluir lo concerniente a los periodos de incapacidad (solamente lo pagado por el patrono durante dicho período), ni a los permisos sin goce de salario, pero sí lo recibido durante los cuatro meses de licencia por maternidad, si lo hubiera. El aguinaldo se debe de pagar completo, es decir, no se le deben de aplicar deducciones (tributarias o cargas sociales), excepto lo correspondiente a pensión alimentaria, si la hubiera. En caso que el trabajador no haya cumplido el año de trabajo, se debe sumar lo devengado durante el tiempo laborado y dividirse entre doce.

En caso de que el patrono no pague el aguinaldo, se atrase o lo pague incompleto, se tendrá como una retención indebida del salario y una falta grave a las obligaciones del contrato, facultando al trabajador a dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal; y adicional, el patrono se podrá hacer acreedor de una multa que va de un salario base hasta veintitrés salarios bases, según está establecido dentro de la Reforma Laboral Procesa, y la determinará el Juez según los perjuicios que haya causado.

 

En caso de que como Patrono o Trabajador requiera de asesoría legal en materia laboral, ERP Lawyers le ofrece un equipo profesional con amplia experiencia en dicha área. Contáctenos que con gusto les brindamos nuestros servicios.

 

 

NOTA: Este artículo, que tiene como base la normativa de Costa Rica, se emite con fines informativos, no para asesorar. Es publicado por: ERP LAWYERS & ASSOCIATES.

Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad

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El 30 de agosto del 2016 fue publicada, en el Diario Oficial La Gaceta, la ley #9379 denominada “Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”. Dicha ley fue puesta en vigencia para sustituir la insania, y tiene como objetivo promover y asegurar a las personas discapacitadas, el ejercicio pleno del derecho a su autonomía personal. A raíz de esto, se crea la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, y la figura de la asistencia personal humana para potenciar esa autonomía.

Dicha ley indica que es el Estado el que procurará que la persona con discapacidad tenga acceso a la figura del garante y la asistencia personal humana, siempre y cuando esa persona, por su condición de discapacidad, requiera apoyo para el ejercicio pleno de su autonomía personal. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su capacidad de actuar; además, la titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos.

El proceso que se debe interponer para poder tener acceso a este tipo de figura jurídica se llama salvaguardia, y deberá ser presentado ante el Juzgado de Familia que corresponda. Podrán accionar ante el Juzgado de Familia, para solicitar la salvaguardia, la misma persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Excepcionalmente, cuando por la propia condición de discapacidad se complique la gestión, podrán solicitar la salvaguardia los familiares de la persona con discapacidad, y a falta de familiares, cualquier institución u organización no gubernamental que le brinde servicios o apoyos a la persona discapacitada.

 

Sobre el garante

La persona que sea designada como garante de la persona con discapacidad, tiene una serie de obligaciones que debe cumplir, para que dicha figura sea útil. El garante no debe actuar sin considerar los derechos, la voluntad y la capacidad de la persona con discapacidad, ya que no se trata de que el garante tome decisiones propias, sino que asista a la persona con discapacidad y la ayude a tomar la mejor decisión. Deberá también el garante asistir a la persona con discapacidad en la toma decisiones en el ámbito legal, financiero y patrimonial; siempre tomando en cuenta la posición de la persona que se asiste.

 

La asistencia personal humana

Esta figura tiene como finalidad el poder contribuir con el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas discapacitadas, en igualdad de condiciones que los demás. El asistente personal humano trabajará y contribuirá basado en un plan individual de apoyo. Este plan determina el tipo de soporte que requiere la persona discapacitada a la hora de realizar las actividades básicas de su vida diaria.

Para la determinación del tipo de apoyo, su intensidad y cantidad de horas brindadas, dicho plan será elaborado por la persona con discapacidad o en conjunto con otra persona y deberá ser avalado por el personal técnico y profesional del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

 

En ERP Lawyers & Associates puede encontrar un equipo especializado en derecho de familia. Contáctenos y solicite asistencia personalizada en este y cualquier otro tema que requiera: http://www.erplawyers.com/contactenos/

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