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Régimen de interrelación familiar: el nuevo concepto de los regímenes de visita

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Cuando se produce la separación entre padre y madre, o si nunca hubo una relación de convivencia, siempre existe la pregunta o la duda sobre cuál de los cónyuges ejercerá la custodia de los hijos menores de edad. Lo ideal, siempre, es llegar a un acuerdo entre las partes cuando se va a dar la separación, ya que la fricción que generan situaciones como estas solamente causa daño a los mismos hijos; sin embargo, en muchas ocasiones el acuerdo no se concreta porque la ruptura no se dio en buenos términos, ambos quieren ejercer la custodia y se vuelve una guerra de poder y orgullo entre los padres.

Al no haber un acuerdo voluntario entre partes, lo mejor sería buscar una conciliación mediante un abogado, o en su defecto, será un Juez de Familia quien determine tanto los aspectos relativos a la guarda, crianza y educación de las personas menores de edad, así como el régimen de interrelación entre estos y el progenitor que no tenga a su cargo la custodia.

Derecho a una interrelación familiar entre hijos y progenitores

El derecho a una interrelación familiar no es solamente del progenitor, sino que es un derecho que tienen los hijos menores de edad de compartir con ambos padres, y que se encuentra regulado tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como en distintos instrumentos internacionales tendientes a proteger los derechos de las personas menores de edad, tales como la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

El derecho a una interrelación familiar o a un régimen de visitas, como anteriormente se le conocía, está concebido como un medio idóneo para fortalecer el afecto y la relación entre padres/madres e hijos, ya que en muy pocos casos se logra establecer una guarda compartida, debido a los múltiples presupuestos que deben cumplirse para que esto sea viable.
La interrelación familiar se dirige a mantener la unidad familiar en circunstancias de deterioro de las relaciones entre los progenitores, ya que una separación o un divorcio no deben afectar la relación que los progenitores tengan con sus hijos.

Es de vital importancia recordar el derecho que tienen las personas menores de edad de relacionarse con ambos progenitores, así como con sus respectivas familias. En la fijación de un régimen de interrelación familiar, ya sea consensuado entre las partes o fijado por una Autoridad Judicial, siempre debe tomarse en cuenta el interés superior de la persona menor de edad.

Pero también están los casos en los cuáles no es conveniente que la persona menor de edad se interrelacione con uno de sus progenitores, sea por algún caso de violencia doméstica anterior o por alguna costumbre peligrosa, que pueda poner en riesgo su bienestar físico y emocional.

Cuando la salud física y emocional del niño o niña se vea perjudicada, el derecho que tiene el progenitor a una interrelación cede ante el inminente peligro que pueda correr la persona menor de edad, ya que en este como en todos los procesos judiciales donde están involucradas personas menores, se buscará siempre respetar el interés superior de estas, al ser una población vulnerable por cuestiones de edad.

ERP Lawyers & Associates: Expertos en Derecho de Familia

Si necesita asistencia y asesoría en el tema de regímenes de interrelación familiar o cualquier otro tema de Derecho de Familia, en ERP Lawyers & Associates nos ponemos a su disposición para asistirlo en este trámite, ya que contamos con profesionales especializados

Entra nuevamente en vigor el Impuesto a las Personas Jurídicas

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El pasado primero de setiembre del 2017, entró en vigor una Ley que impone de nuevo un tributo a las personas jurídicas; impuesto que no es nuevo, ya que entre el año 2012 y el 2015 (hasta la declaración de inconstitucionalidad por errores en el proceso de aprobación de la ley), hubo un impuesto muy similar.
El cobro del tributo es para todo tipo de sociedades mercantiles (anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, colectivas); y para este 2017, dicho cobro será parcial, es decir, únicamente se deberá pagar el equivalente de los meses de setiembre a diciembre del presente año. Así mismo, como ha sido mencionado en otro artículo anteriormente publicado, el cobro del nuevo impuesto será escalonado, teniendo en cuenta los ingresos brutos que tenga cada sociedad.

• A las sociedades inactivas se les cobrará un 15% del salario base de un auxiliar administrativo del Poder Judicial, según se establezca dicho salario cada año.
• Las sociedades activas que presenten ingresos anuales menores a ₡51.144.000, tendrán que pagar el 25% del salario base antes mencionado.
• Las sociedades que reporten ingresos entre ₡51.144.000 y ₡119.000.000 anuales, pagarán un 30% del salario base antes dicho;
• Y por último, las sociedades que tengan un ingreso anual mayor a ₡119.000.000, deberán pagar el 50% del salario base del auxiliar del Poder Judicial.
Es importante recalcar que el salario base de un auxiliar judicial para el año 2017 es de ₡426,200.00. El no pago de dicho tributo en las fechas establecidas (durante el primer mes de cada año) acarrea una multa del 11.73% anual del total del impuesto.

Período para ponerse al día con el pago de impuestos

La nueva Ley incluye transitorios que permiten a las sociedades morosas ponerse al día con el pago de impuestos dejados de pagar con la Ley anterior. El transitorio II establece que las sociedades que se encuentren morosas del impuesto de la ley anterior (2012-2015), tendrán tres meses, a partir del pasado primero de setiembre, para pagar el impuesto sin tener que pagar intereses o multas que hayan sido establecidos.
De no cancelar la deuda en ese período, los intereses y multas se reactivarán; lo que implica que el Registro no otorgue personerías, no puedan participar en concursos para la prestación de servicios, no se puedan realizar traspasos de bienes a favor de sociedades morosas, entre otros.

Exención en los impuestos de traspaso y derechos registrales

Por un plazo de 12 meses a partir del 1 de setiembre, estarán exentos del impuesto de traspaso, pago de timbres y derechos registrales los traspasos de bienes muebles e inmuebles que realicen las sociedades que hayan estado inactivas ante la autoridad tributaria por al menos 24 meses con anterioridad a la vigencia de la Ley; según el transitorio III.
Si una sociedad falta al pago durante tres períodos consecutivos, dicho incumplimiento será causal de disolución y tanto los representantes, como los socios, son solidariamente responsables de la deuda tributaria, que tendrá hipoteca y prenda legal preferentes sobre los bienes de la Sociedad.
Están exentas del impuesto las pymes inscritas como tal en el Ministerio de Economía, y los pequeños y medianos productores agropecuarios registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es importante agregar que ahora el impuesto será administrado por la Dirección Nacional de Tributación y no por el Registro Nacional.

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¿Tiene una Sociedad? Conozca los porcentajes de pago de impuestos que define la nueva ley

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La nueva Ley 9428 que establece el pago de impuesto de las Sociedades Mercantiles ya ha entrado en vigencia. Esta ley define los nuevos montos que deben pagar todas las sociedades por impuestos.

En esta nueva ley cambiaron los porcentajes de cobro; con la versión anterior habían solo dos tipos de cobros: un 25% del salario base mensual de un oficinista para las sociedades inactivas y un 50% del salario base mensual para las personas jurídicas activas. Ahora, los pagos se definirían de acuerdo a la actividad de la sociedad y los ingresos que esta reciba, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, pero siempre en base a un porcentaje del salario base mensual de un oficinista:

Actividad de la sociedadPorcentaje y monto a pagar
Sin actividad económica (inactiva ante Tributación)15%
(¢63.930)
Con actividad económica y sin ingresos reportados15%
(¢63.930)
Con actividad económica e ingresos brutos menores a ¢50.880.00025%
(¢106.550)
Con actividad económica e ingresos brutos entre ¢50.880.000 y ¢118.720.00030%
(¢127.860)
Con actividad económica y con ingresos brutos superiores a ¢118.720.00050%
(¢213.100)

Para efectos de esta nueva ley, el período del pago de dicho impuesto (período fiscal) va comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de cada año, y deberá ser cancelado, sin que aplique penalidades, dentro del mes de enero de cada año.

Igualmente, esta nueva ley concede a las sociedades morosas con la ley anterior, un periodo de gracia de tres meses a partir de la entrada en vigencia, para ponerse al día en el pago de sus impuestos sin cancelar intereses ni multas que ya habían sido impuestas. Y a las sociedades inactivas les concede un plazo de doce meses para traspasar los bienes muebles e inmuebles sin el pago de impuesto por traspaso y del pago de timbres y derechos registrales.

El consejo de ERP Lawyers

En ERP Lawyers sabemos que muchas de las sociedades del país están conformadas con el objetivo de servir como “holdings” o sostenedores de bienes, por lo que ante el panorama de la entrada en vigencia de esta nueva ley, hay varios puntos que se deben de tener en consideración:

•Si su sociedad es inactiva y usted considera que el pago del impuesto se puede convertir en una carga económica, debe valorar si es recomendable disolver la sociedad y traspasar los bienes que tiene a nombre de esta para evitar posibles contingencias del no pago del impuesto.
•Si su sociedad es activa y por alguna razón no puede desligarse de esta, debe mantenerse al día con sus impuestos para evitar ser perseguidos por el pago, y que la sociedad no puede llevar a cabo actividades por su morosidad.

Si usted mantiene dudas del tema o no sabe cómo puede proceder con su sociedad, consulte en ERP Lawyers y reciba el consejo de profesionales expertos en la materia.

Residencias Legales en Costa Rica Residencias Legales en Costa Rica

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Requisitos para obtener una residencia Legal en Costa Rica

ERP Lawyers & Associates brinda a sus clientes servicios de inmigración, específicamente para la obtención de Residencias, según la categoría que aplique.
Existen requisitos migratorios generales, los cuales aplican en todas las diferentes categorías de residencia establecidas en nuestra legislación. Estos requisitos son:

a) Las solicitudes de residencia se podrán presentar directamente en Costa Rica, siempre y cuando la visa de turismo del solicitante se encuentre al día, o en el consulado costarricense en el país de residencia del solicitante.
b) Formulario de filiación.
c) Certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado.
d) Certificado de antecedentes penales debidamente apostillado o legalizado. Dicho certificado tendrá una vigencia de seis meses, salvo que el documento indique expresamente otro plazo de validez.
e) Certificación de matrimonio debidamente apostillado o legalizado. Este requisito aplica únicamente en los casos en que la persona solicitante desee cubrir a su cónyuge como dependiente. Si existen hijos menores, también se deberá de presentar el certificado de nacimiento de cada uno de ellos.
f) Toma de huellas dactilares.
g) Seis fotografías recientes y tamaño pasaporte.
h) Inscripción Consular.
i) Copia certificada de todas las páginas del pasaporte.
j) Comprobante de pagos gubernamentales.
k) Traducción oficial de todos aquellos documentos que se expidan en un idioma diferente al español.

Impuestos a Personas Jurídicas

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El impuesto a las sociedades entró en vigencia en abril del año 2012 y se aplica a todas las sociedades mercantiles que se encuentran ya inscritas en el Registro Nacional (tales como las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, entre otras), así como para las nuevas compañías que estén en proceso de inscripción o vayan a inscribirse.

Debe realizarse una distinción sobre el monto que se debe cancelar, según el estatus tributario que mantenga la sociedad ante la Dirección General de Tributación Directa:

  • Las sociedades inscritas como contribuyentes pagarán un 50% del salario base asignado a un Auxiliar Judicial, monto que varía todos los años.
  • Las sociedades no contribuyentes pagarán un 25% del salario base anteriormente indicado.

El impuesto deberá ser cancelado a más tardar el 31 de enero de cada año durante la vigencia de la sociedad, monto que únicamente puede ser cancelado a través del Banco de Costa Rica. El pago de este impuesto no tendrá el carácter de gasto deducible para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta.

Se encuentran exentos del pago de este tributo aquellos contribuyentes que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente, clasificadas como micro y pequeñas empresas e inscritas como tales en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y que estén debidamente registradas como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda.

Sobre responsabilidad, multas y sanciones

Es importante recalcar que los representantes legales de las sociedades serán solidariamente responsables por el no pago del impuesto. Asimismo el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá ningún derecho a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. De la misma forma los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública autónoma y semiautónoma.
El no pago del impuesto establecido en la ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad, por lo tanto, el Registro Nacional procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes; constituyéndose una hipoteca o prenda legal preferente sobre los bienes de las sociedades mercantiles o sus representantes.

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