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Suspensión del trabajador sin goce de salario como medida sustitutiva al despido sin responsabilidad patronal

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La suspensión disciplinaria sin goce de salario está contenida en el artículo 68 inciso e) del Código de Trabajo, en el cual establece lo siguiente: “Artículo 68.- El reglamento de trabajo podrá comprender el cuerpo de reglas de orden técnico y administrativo necesario para la buena marcha de la empresa; las relativas a higiene y seguridad de las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y en general, todas aquellas otras que se estimen convenientes. Además, contendrá: (…) e) Las disposiciones disciplinarias y las formas de aplicarlas. Es entendido que se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa y que la suspensión del trabajo sin goce de sueldo, no podrá decretarse por más de ocho días sin antes de haber oído al interesado y a los compañeros que éste indique; (…)”

Del análisis del anterior artículo, junto con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del mismo cuerpo normativo, los cuales regulan lo referente a los Reglamentos Internos de Trabajo, se desprende que, en Costa Rica, si bien es cierto se reconoce el poder disciplinario que tiene el patrono, el mismo es limitado en esta materia, al restringir su accionar a la existencia de un reglamento interno, el cual debe estar previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.); sin embargo, la jurisprudencia costarricense ha establecido que la suspensión disciplinaria sin goce de salario es una medida sustitutiva al despido sin responsabilidad patronal, lo que implica que, la falta sancionada debe ser de igual gravedad a una falta cometida para un despido sin responsabilidad patronal – la legislación define un máximo de 8 días -, en la cual, aunque el contrato laboral se encuentre suspendido por la sanción, el trabajador acumula antigüedad laboral, pues al usar esa vía, se busca mantener la existencia del vínculo laboral, a pesar del acaecimiento de la condición suspensiva del contrato.

La suspensión laboral como medida disciplinaria

Es importante recalcar que la suspensión laboral como medida disciplinaria no debe ser utilizada a la ligera, debido a que solo se puede recurrir a tal medida para sancionar una falta que amerite el despido sin responsabilidad patronal, y siempre y cuando se realice el procedimiento correspondiente, según lo hemos señalado.

Asimismo, se debe considerar que la sanción como medida disciplinaria es un “borrón y cuenta nueva”; es decir, imponer la suspensión sin goce de salario, como una medida temporal, borra todo el historial disciplinario que ese trabajador haya acumulado durante la relación laboral.

Además, a menos que la empresa cuente con un reglamento interno de trabajo, el patrono no podrá asignar la suspensión a faltas específicas, distintas a las cuales fija el artículo 81 del Código de Trabajo, que detalla las faltas graves que justifican el despido sin responsabilidad patronal.

En el caso de la sanción por suspensión sin goce de salario como medida alterna al despido sin responsabilidad patronal, debe quedar reservada para los casos más graves, y no debe verse como una sanción intermedia entre la amonestación y el despido; lo anterior, debido a las implicaciones de utilizar esa sanción para el patrono y sus colaboradores, dado el impacto pecuniario negativo que tiene sobre el trabajador, por lo que debe estar fundamentada y ser ejecutada en forma escrita, en resguardo del derecho a la defensa de ambos – patrono y trabajador – ante un eventual proceso o reclamo.

Las razones de la promulgación de la Ley de Protección al Inversionista Minoritario

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El 4 de agosto del 2016 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección al Inversionista Minoritario, ley No. 9392 que entró en vigencia en octubre de ese mismo año, y que vino a llenar un vacío legal importante dentro de las sociedades en Costa Rica; y que además, coloca a nuestro país en los niveles de las mejores prácticas y los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Autoridades regulatorias, a nivel mundial,  han hecho enormes esfuerzos por mejorar las reglas que rigen en los mercados de capitales, esto con el fin de que su funcionamiento sea eficiente, creíble y confiable. Lo que se busca con estos esfuerzos es aumentar la transparencia de los mercados, así como resguardar los intereses de los inversionistas, especialmente de los pequeños, por su posición de desventaja en la relación de poder.

Responsabilidad de proteger los derechos de los inversionistas

Es a cada país a quien le corresponde resguardar los derechos de los inversionistas mediante regulaciones que incentiven la implementación de buenas prácticas de transparencia corporativa, que brinden un mejor acceso a la información y aseguren protección a los inversionistas minoritarios ante posibles conflictos de intereses. El Banco Mundial, en su publicación “Doing Business 2015: Más allá de la eficiencia”, ubicó a Costa Rica, para el año 2015, en el lugar 181, casi en los últimos lugares de la clasificación en cuanto a la protección de inversionistas minoritarios. Ya para el año 2017 nuestro país saltó a la posición 119, lo que evidencia un gran avance, esfuerzo y trabajo por parte de las autoridades para proteger a estos inversionistas.

El Índice Doing Business es un instrumento de toma de decisiones para los inversionistas, principalmente extranjeros, a la hora de valorar la factibilidad de realizar un negocio, ello a partir de diez indicadores que abarcan el ciclo de vida de un negocio. La metodología Doing Business define al accionista minoritario como aquel que cuenta con un porcentaje igual o inferior al 10% del capital social.

Bajo este panorama, para incrementar la protección a los inversionistas, en especial a los minoritarios, era necesario realizar reformas puntuales al Código de Comercio en sus artículos 26 y 189, así como al Código Procesal Civil en su artículo 426; lo que le permitiría al país ubicarse al nivel de las mejores prácticas internacionales en esta materia.

Logros de la Ley de Protección al inversionista Minoritario

La Ley de Protección al Inversionista Minoritario ha permitido ayudar a fortalecer las pequeñas y medianas empresas asociadas bajo la figura de consorcios en beneficio de mejores condiciones que atienden sus necesidades, dado que no existía marco legal adecuado que les amparara como inversionistas minoritarios.

El artículo 26 del Código de Comercio es reformado en su primer párrafo, para incorporar un derecho de los accionistas minoritarios de examinar aquellas transacciones que involucren la enajenación de activos de la empresa – o la constitución de garantías a través de ellos – siempre que tales operaciones representen un valor igual o superior al 10% de los activos totales de la sociedad respectiva. A este respecto, importa también notar que la Ley obliga también, a través del numeral 32 ter del mismo cuerpo normativo, a que esas transacciones deban ser siempre aprobadas por la Junta Directiva.

Nótese que la Ley disminuye el porcentaje de capital societario necesario para pedir una orden judicial de realizar una auditoraje de la compañía de un 20% – tal como lo establece la norma actual – a un 10%. Además, la Ley agrega un nuevo segundo párrafo al artículo 189 del Código de Comercio para establecer, explícitamente, el deber de diligencia y lealtad de los consejeros societarios y demás administradores, así como su deber de actuar en el mejor interés de la empresa teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, de los empleados y del público.

Finalmente, la Ley reforma el artículo 426 del Código Procesal Civil relativo al proceso abreviado, proceso a través del cual se conoce la impugnación de acuerdos societarios tomados en asamblea de accionistas, juntas directivas o consejos de administración. En este sentido, la Ley amplía la facultad de las partes para solicitar al Juez la presentación de documentos de la parte de la sociedad demandada.

Residencias Legales en Costa Rica Residencias Legales en Costa Rica

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Requisitos para obtener una residencia Legal en Costa Rica

ERP Lawyers & Associates brinda a sus clientes servicios de inmigración, específicamente para la obtención de Residencias, según la categoría que aplique.
Existen requisitos migratorios generales, los cuales aplican en todas las diferentes categorías de residencia establecidas en nuestra legislación. Estos requisitos son:

a) Las solicitudes de residencia se podrán presentar directamente en Costa Rica, siempre y cuando la visa de turismo del solicitante se encuentre al día, o en el consulado costarricense en el país de residencia del solicitante.
b) Formulario de filiación.
c) Certificado de nacimiento debidamente apostillado o legalizado.
d) Certificado de antecedentes penales debidamente apostillado o legalizado. Dicho certificado tendrá una vigencia de seis meses, salvo que el documento indique expresamente otro plazo de validez.
e) Certificación de matrimonio debidamente apostillado o legalizado. Este requisito aplica únicamente en los casos en que la persona solicitante desee cubrir a su cónyuge como dependiente. Si existen hijos menores, también se deberá de presentar el certificado de nacimiento de cada uno de ellos.
f) Toma de huellas dactilares.
g) Seis fotografías recientes y tamaño pasaporte.
h) Inscripción Consular.
i) Copia certificada de todas las páginas del pasaporte.
j) Comprobante de pagos gubernamentales.
k) Traducción oficial de todos aquellos documentos que se expidan en un idioma diferente al español.

Impuestos a Personas Jurídicas

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El impuesto a las sociedades entró en vigencia en abril del año 2012 y se aplica a todas las sociedades mercantiles que se encuentran ya inscritas en el Registro Nacional (tales como las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, entre otras), así como para las nuevas compañías que estén en proceso de inscripción o vayan a inscribirse.

Debe realizarse una distinción sobre el monto que se debe cancelar, según el estatus tributario que mantenga la sociedad ante la Dirección General de Tributación Directa:

  • Las sociedades inscritas como contribuyentes pagarán un 50% del salario base asignado a un Auxiliar Judicial, monto que varía todos los años.
  • Las sociedades no contribuyentes pagarán un 25% del salario base anteriormente indicado.

El impuesto deberá ser cancelado a más tardar el 31 de enero de cada año durante la vigencia de la sociedad, monto que únicamente puede ser cancelado a través del Banco de Costa Rica. El pago de este impuesto no tendrá el carácter de gasto deducible para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta.

Se encuentran exentos del pago de este tributo aquellos contribuyentes que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente, clasificadas como micro y pequeñas empresas e inscritas como tales en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y que estén debidamente registradas como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda.

Sobre responsabilidad, multas y sanciones

Es importante recalcar que los representantes legales de las sociedades serán solidariamente responsables por el no pago del impuesto. Asimismo el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá ningún derecho a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. De la misma forma los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública autónoma y semiautónoma.
El no pago del impuesto establecido en la ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad, por lo tanto, el Registro Nacional procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes; constituyéndose una hipoteca o prenda legal preferente sobre los bienes de las sociedades mercantiles o sus representantes.

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