La multa de ¢1.386.600 es la sanción mínima automática que enfrentan las sociedades en Costa Rica por no completar el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) en 2026. Con el endurecimiento de los controles fiscales, omitir la multa de ¢1.386.600 ya no es una opción, ya que el sistema detecta el incumplimiento en tiempo real al cierre del periodo de abril. Esta penalidad económica es solo el primer paso de una serie de bloqueos que restringen la movilidad de sus activos.
¿Por qué el RTBF genera una multa de ¢1.386.600?
La normativa vigente establece que el incumplimiento en el suministro de información de beneficiarios finales se sanciona con base en el salario base actual de ¢462.200.
- Cálculo de la sanción: Para las sociedades inactivas, la infracción equivale a tres salarios base, fijando la multa de ¢1.386.600 como el monto mínimo a pagar.
- Escalabilidad: En empresas con actividad comercial, la sanción puede llegar hasta el 2% de los ingresos brutos, con un tope de 100 salarios base.
- Automatización: Al vencer el plazo el 30 de abril, el sistema marca a la sociedad como “incumplidora”, disparando el cobro administrativo.
Consecuencias de las multas por incumplimiento RTBF
Más allá del pago de la multa de ¢1.386.600, las sociedades enfrentan una “parálisis legal” que afecta directamente su patrimonio:
- Bloqueo en el Registro Nacional: No se podrán inscribir documentos, ventas, compras ni hipotecas mientras persistan las multas por incumplimiento RTBF.
- Restricción de Personerías: Los notarios y el Registro tienen prohibido emitir certificaciones de personería jurídica a sociedades morosas.
- Riesgo de Disolución: El cúmulo de sanciones y la falta de transparencia facultan a las autoridades para iniciar procesos de disolución de oficio, poniendo en riesgo la propiedad de los bienes.
Desafíos técnicos y operativos en 2026
El cumplimiento no siempre es sencillo debido a la inestabilidad de las herramientas digitales y los requisitos de firma.
- La Brecha de la Firma Digital: Los extranjeros sin DIMEX no pueden acceder directamente a Central Directo o TRIBU-CR, obligándoles a formalizar poderes generalísimos debidamente inscritos para delegar la gestión.
- Fiscalización por Discrepancias: La Dirección General de Tributación ahora cruza datos del RTBF con las declaraciones patrimoniales; cualquier incoherencia dispara alertas automáticas de auditoría, como ocurrió en casos de alto impacto como Beta Matrix S.A..
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